Oi es el cuarto operador brasileño y entró en concurso acreedores con lo que sus competidores se hicieron en subasta con sus clientes y otros activos móviles.
A Telefónica, le corresponden 10,5 millones de clientes, 43MHz de espectro con contratos de uso de 2.700 emplazamientos de acceso móvil a cambio de un pago de 5.500 millones de reales (921 millones de euros).
La operación es objeto de un alto escrutinio por parte de las autoridades brasileñas, dado que supone la consolidación de tres grandes proveedores de servicios móviles.
Tras la aprobación de Anatel, solo resta la ‘luz verde’ del Consejo Administrativo de la Defensa Económica (CADE), que ya emitió un informe preliminar en el que abogaba por aprobar la compra con condiciones.
Estos compromisos a cambio de la luz verde que deberían asumir Telefónica y sus rivales son de tipo mayorista, como alquilar espectro o acuerdos de roaming para otros operadores.