Se trata de la primera vez que un juez del Supremo rechaza un expediente enviado por el fiscal Aras en relación a una investigación sobre Bolsonaro. La Fiscalía ha adelantado que apelará ante el pleno del tribunal esta decisión, ya que «viola el sistema constitucional acusatorio», informa el periódico ‘O Globo’.
Weber ha explicado que la petición de la Fiscalía para archivar esta causa «no se sostiene», ya que el presidente tiene la obligación de denunciar la comisión de un delito cuando tenga sospechas de que se habría cometido, tal y como sostiene el informe de investigación, en el que se reconoce que Bolsonaro fue notificado de las posibles irregularidades que se habrían cometido en la compra de vacunas.
De no ser así, señala Weber, el presidente estaría autorizado «a permanecer inmóvil aunque se le comunique formalmente la existencia de delitos (…) en las dependencias de las estructuras (…) del Gobierno».
«La tesis no se sostiene, con el debido respeto. En el contexto antes descrito es perfectamente posible extraer del propio ordenamiento jurídico y constitucional competencias administrativas vinculadas a ser ejercidas por el jefe de Gobierno», ha argumentado Weber.
Si bien Weber reconoce que el Supremo suele aceptar las demandas de archivo que suele presentar la Fiscalía –al tratarse de la única autoridad competente para llevar a cabo una investigación sobre personas con jurisdicción privilegiada– dicho acatamiento no puede ser automático y ha recurrido al precedente conocido como «conducta atípica» para sustentar su decisión.
En ese sentido, Weber ha explicado que si la última palabra la tuviera siempre la Fiscalía y no el Supremo, se produciría «una clara y no autorizada» inversión de los roles constitucionales.
La tesis del fiscal Aras sigue las conclusiones de la investigación de la Policía Federal, que hace un par de meses decidió desechar las denuncias por prevaricación contra Bolsonaro ya que no tendría «deber legal» de actuar. En caso de dar como buena la hipótesis de que hubiera pasado por alto estas sospechas, hubiera incurrido «en un incumplimiento cívico» y «no en una desviación de un deber funcional».
Las denuncias sobre este caso fueron presentadas por el diputado Luis Miranda y su hermano, Ricardo Miranda, quien trabaja para el Ministerio de Salud, durante una de las sesiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) encargada de investigar la gestión de la pandemia, que tuvieron lugar a lo largo del año pasado.
Ambos sostienen que se reunieron con el presidente Bolsonaro para alertar de posibles irregularidades en la compra de Covaxin, la vacuna india contra el coronavirus. No solo denunciaron «presiones atípicas» para que se efectuara la compra de unas 20 millones de dosis, sino que también presentaron varios documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores en los que se reflejaba un precio once veces superior al estipulado por el fabricante.
Finalmente, la compra fue anulada a finales de junio del año pasado después del revuelo que las acusaciones generaron en la CPI, que, entre sus muchas conclusiones finales, solicitó la imputación de Bolsonaro por este caso.
