La tensión entre Estados Unidos y Brasil se eleva tras la decisión del juez Alexandre de Moraes de ordenar la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro. Desde Washington, el entorno del presidente Donald Trump ha reaccionado con virulencia, tildando el accionar del Supremo brasileño como un ataque directo a las libertades democráticas. En el centro de la polémica está la figura de De Moraes, convertido en blanco de sanciones y denuncias por parte del Departamento de Estado y la aplicación de la Ley Magnitsky.
Christopher Landau, vicesecretario de Estado del Gobierno de Trump, expresó su rechazo a la orden judicial contra Bolsonaro a través de sus redes sociales. En sus palabras, el juez Alexandre de Moraes estaría llevando a su país a una situación de “dictadura judicial”, al utilizar su posición para reprimir a sus críticos.
“El aparente crimen del expresidente fue criticar al juez”, denunció Landau, quien considera que De Moraes “manipula la Justicia” para silenciar opositores. Según su visión, el arresto domiciliario por uso de redes sociales constituye una medida arbitraria.
El Departamento de Estado respaldó las críticas con un comunicado oficial en el que cuestiona duramente la actuación del magistrado brasileño
La semana pasada, Estados Unidos dio un paso más en su presión contra el Supremo brasileño al aplicar la Ley Magnitsky sobre el juez De Moraes, lo que supone un bloqueo económico y restricciones por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Esta ley, utilizada por Washington para castigar a autoridades de otros países, suele reservarse para casos graves de corrupción, represión política o abusos judiciales.
El mensaje es claro: la administración Trump considera que el Supremo brasileño está excediéndose en sus funciones y que De Moraes representa un peligro para la democracia
El expresidente Jair Bolsonaro permanece bajo prisión domiciliaria desde este lunes. La decisión se basa en la supuesta violación de medidas cautelares, concretamente la prohibición de utilizar redes sociales o comunicarse a través de terceros. Esta restricción fue impuesta en el marco de la investigación sobre su posible participación en un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.
De ser hallado culpable, el líder ultraderechista podría enfrentarse a una pena de hasta 40 años de prisión, según estimaciones judiciales en Brasil
Las tensiones entre ambos países reflejan la creciente polarización política en el continente. Mientras sectores judiciales y progresistas brasileños consideran legítimas las acciones del Supremo, Washington —bajo la influencia de Trump— muestra un respaldo abierto a Bolsonaro y acusa al Poder Judicial de persecución política.
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