Lula ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, años durante los cuales elevó la presencia internacional del gigante sudamericano, simbolizada en unos inéditos Juegos Olímpicos, y adoptó medidas para tratar de combatir la pobreza y reducir la desigualdad.
Los numerosos escándalos de corrupción, en su mayoría vertebrados por la trama de la constructora Odebrecht, marcaron sin embargo su legado en años posteriores. El propio Lula llegó a estar preso, tras una condena que la Justicia anuló ‘a posteriori’ por irregularidades y en un contexto donde la polarización política se había contagiado ya a todos los poderes del Estado.
Tanto Lula como el país en general han cambiado en estos últimos, aunque no así retos como la lucha contra la pobreza, ya que los datos demuestran que más de 33 millones de personas pasan hambre en Brasil, según la Red Penssan. Sólo cuatro de cada diez familias pueden cubrir plenamente sus necesidades alimentarias y la ONG Oxfam estima que el país ha retrocedido a la década de los noventa.
Brasil debe hacer frente también a lacras como la inseguridad y, en términos económicos, una inflación volátil –del 6 por ciento en noviembre– y una desaceleración del crecimiento aún por concretar. El Banco Central estimó este diciembre que el PIB crecerá un 2,9 por ciento en 2022 y que, en 2023, se quedará en el entorno del 1 por ciento.
En términos políticos, Lula estará obligado a atender a una ciudadanía que está dividida, en la medida en que su victoria en las últimas elecciones no fue tan abultada como cabía esperarse y hubo menos de dos puntos de diferencia con Bolsonaro. De hecho, el mandatario saliente obtuvo 58,2 millones de votos, más de los logrados cuatro años antes.
Ha conformado un gobierno multipartidista, aunque reserva para el Partido de los Trabajadores (PT) puestos clave, y con mayor presencia de mujeres, si bien dista mucho de ser paritario ya que la balanza sigue decantándose del lado de los hombres con 26 puestos a once.
El Congreso estará dominado además por partidos conservadores, gracias al auge de la ultraderecha, lo que limitará el margen de maniobra del nuevo presidente, que ha prometido una mayor transparencia presupuestaria y recuperar las políticas medioambientales denostadas por Bolsonaro.
Lula ya ha comenzado a dejar claro que, en el ámbito internacional, también marcará distancias con su predecesor, aliado del expresidente Donald Trump y crítico con el multilateralismo. Bolsonaro se quedó prácticamente sólo a nivel mundial durante la pandemia de COVID-19, criticando las restricciones y difundiendo bulos sanitarios.
El dirigente ultraderechista pondrá fin a su mandato con un nivel de aprobación del 39 por ciento, mientras que el 37 por ciento de los ciudadanos reprueban su gestión, según la encuesta final de Datafolha. Son los peores resultados al término de un primer mandato desde la llegada de la democracia a Brasil.
TENSIÓN SOCIAL
El silencio de Bolsonaro tras el cierre de los colegios electorales dio pie a una ola de protestas marcadas por el bloqueo de carreteras. Pasaron varios días hasta que el presidente saliente se comprometió a iniciar la transición, aunque lo hizo con la boca pequeña y sin reconocer abiertamente que había sido derrotado –en los últimos años ya había dado pábulo a teorías conspirativas sin pruebas sobre fraude electoral–.
Lula ha prometido que en los primeros compases de su mandato tomará medidas contra quienes siguen negándose a reconocer su victoria, en un momento en que sigue habiendo grupos de ‘bolsonaristas’ reclamando frente a los cuarteles una potencial intervención de las Fuerzas Armadas. También se han llevado a cabo operaciones para desarticular supuestos planes violentos.
Bolsonaro, sin embargo, no sólo no ha dado muestras de suavizar su posición sino que ha completado su lista de desplantes con una sonada ausencia en la investidura de su sucesor. Según el portal G1, los abogados de Bolsonaro le han aconsejado que esté fuera de Brasil antes del 1 de enero por el temor a ser detenido.
El temor a posibles actos violentos ha llevado asimismo a movilizar un amplio dispositivo de seguridad, tanto en la ceremonia de investidura en sí como en las calles de distintas partes del país. El equipo de Lula ha organizado un concierto al que podrían asistir cientos de miles de personas.
LA ÚLTIMA INVESTIDURA DEL 1 DE ENERO
Más de una decena de jefes de Estado y de Gobierno asistirán ‘in situ’ al arranque de la nueva etapa política en Brasil, entre ellos el Rey Felipe VI, que acudirá acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Es tradición que la investidura presidencial en Brasil ocurra el 1 de enero, ya que así lo establecía la Constitución, pero la de este 2023 será la última ocasión en que la ceremonia coincida con el Año Nuevo. En 2021, se aprobó una enmienda constitucional que retrasa «al 5 de enero del año siguiente a su elección» la toma de posesión del nuevo presidente, algo que ya se aplicará en 2027.
