La Secretaría de Control Externo de Adquisiciones Logísticas del TCU, el Ministerio de Defensa es responsable del uso indebido del 96 por ciento de los 557.000 reales (86.700 euros) utilizados de manera irregular, según un informe preliminar al que ha tenido acceso el diario ‘Folha de Sao Paulo’.
El caso data de 2017, cuando se abrió una auditoria para investigar las supuestas irregularidades que se estarían cometiendo en la adquisición de productos alimenticios dentro de las Fuerzas Armadas.
Los técnicos del TCU esperaban ver una reducción de los gastos en estas partidas debido la puesta en marcha del teletrabajo por la crisis sanitaria, sin embargo, y a diferencia de otros ministerios como el de Educación o el de Salud, el de Defensa ha aumentado los gastos en alimentación.
La auditoría ha destacado un aumento de la compra de productos como marisco, bebidas alcohólicas de alto coste y carne de primera calidad. «No parece razonable destinar los escasos recursos públicos de los que se dispone para enfrentar a la pandemia a la compra de productos no esenciales», cuestiona el informe.
«Además de no servir para la finalidad a la que se destina, la contratación de ese tipo de servicios hiere el principio de moralidad previsto en el Artículo 37 de la Constitución Federal de 1988, el cual está directamente relacionado con la integridad de las adjudicaciones públicas», recuerda la auditoría del TCU.
Por su parte, el gabinete de prensa del Ministerio de Defensa ha argumentado que debido a que las actividades del Ejército, la Marina, y la Fuerza Aérea se han mantenido durante la crisis de la pandemia, la alimentación de las tropas ha sido reforzada, ante lo cual ya se presentaron las «debidas aclaraciones» al TCU.
Esta investigación es consecuencia de una petición formal presentada a primeros de año por varios diputados del Partido Socialista Brasileño (PSB), quienes solicitaron la comparecencia del ministro de Defensa, Walter Braga Neto, para explicar la compra de cerveza y picaña, aunque la demanda fue anulada por el presidente de la Cámara, Arthur Lira a petición del Gobierno.
