El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo
El procurador general, Wilfredo Chávez, ha informado de que esta declaración allana el camino a la Justicia, si bien ahora hay que esperar a que se dicte sentencia. Asimismo, está previsto que el próximo 8 de octubre se anuncie la situación en la que se encuentra Murillo tras una posible negociación con la Fiscalía.
Así, Luis Berkman, uno de los acusados, se declaró culpable de conspirar para blanquear dinero y sobornar a funcionarios extranjeros, por lo que se expone a una condena de entre tres y diez años de cárcel. Su hijo, Bryan Berkman, se declaró culpable del delito de conspiración para defraudar, que acarrea penas de entre uno y cinco años de prisión. Ambos eran dueños de la compañía utilizada para mediar en la compra de material antidisturbios con sobreprecios.
Por su parte, Sergio Rodrigo Méndez se ha declarado culpable de conspirar para cometer blanqueo de capitales y sobornar a funcionarios, mientras que Philip Lichtenfeld se ha declarado culpable de conspirar para defraudar a Hacienda.
«Los cuatro procesados estuvieron de acuerdo en declararse culpables y renunciar al juicio por jurados», ha explicado Chávez en una rueda de prensa, según ha recogido el diario ‘La Razón’.
El caso fue reactivado después de que los cinco fueran detenidos en Estados Unidos como resultado de una investigación que estableció que unos 2,3 millones de dólares en sobreprecios se habrían gestionado a través de cuentas en bancos estadounidenses.
El negociado logró que la empresa de Berkman, Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, se adjudicara de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de 5,6 millones de dólares.
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