Las tensiones políticas en Bolivia han escalado drásticamente en los últimos días, con episodios de violencia vinculados a las movilizaciones que exigen la restitución de la candidatura de Evo Morales. En este contexto, el ministro de Justicia ha pedido públicamente a la Policía que ejecute las órdenes de captura emitidas por el Poder Judicial, mientras crece el temor a un nuevo estallido social.
El Gobierno presiona para la detención de Morales
Durante una rueda de prensa recogida por el diario El Deber, Cesar Siles afirmó que tanto la Fiscalía como los jueces ya han cumplido su función legal, y ahora corresponde a la Policía actuar. «Es momento de hacerlo, el 90% está pidiendo eso, la aprehensión de Evo Morales», insistió el ministro, señalando que la situación en regiones como Llallagua y Chapare constituye un escenario de “Estado de no derecho”.
Morales, acusado de terrorismo por bloqueos y muertes
El Ejecutivo ha presentado una denuncia por terrorismo contra el expresidente, a quien responsabiliza por los disturbios y bloqueos desarrollados durante los últimos once días. Estas protestas, organizadas por sus simpatizantes, surgieron tras la inhabilitación de Morales como candidato para las elecciones del 17 de agosto.
«Hay intereses personales de grupos reducidos que no quieren que las elecciones se lleven a cabo», criticó Siles, en referencia a los sectores afines a Morales que se oponen al proceso electoral
Refugio, acusaciones y protección armada
Desde hace meses, Morales permanece refugiado en Lauca Eñe, su feudo en Cochabamba, donde cuenta con una guardia de seguidores que han dificultado cualquier intento policial de aprehensión. Las autoridades han alegado riesgos de enfrentamientos violentos como motivo para no ejecutar las órdenes, que incluyen acusaciones de trata de personas, relacionadas con una presunta relación con una menor de edad durante su mandato.
Un acuerdo político busca salvar las elecciones
Pese a la agitación social, el ministro ha destacado el reciente acuerdo entre el Gobierno, la oposición y organismos estatales para salvaguardar la institucionalidad del país y asegurar la realización de los comicios de agosto.
