«Las fuerzas de seguridad reaccionaron con uso desproporcionado de violencia», señala GIEI, organismo creado a través de un acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el nuevo Gobierno del presidente, Luis Arce.
En el caso del barrio de Senkata, en el Alto, el texto también revela que no hay evidencias de la justificación esgrimida por el Gobierno de entonces, que la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) corría peligro.
«Las autoridades del Estado justificaron la necesidad del uso de elevada fuerza (…) para prevenir la explosión de la planta (…). Las evidencias ofrecidas por el Estado (…) no confirman que hubiera ese riesgo concreto», explica el GIEI.
«Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas. En la única ocurrencia de alguna gravedad, acaecida en el extremo sur de la planta (…) el uso proporcionado de la fuerza se ha comprobado como suficiente para prevenir riesgos o daños concretos», apunta.
Este «uso desproporcionado de la fuerza», señala el grupo de expertos, es responsable de la muerte de diez personas, así como de los daños y heridas en al menos otras 78 y ha subrayado que pese a que las Fuerzas Armadas y la Policía siempre han negado el uso de armas letales, «las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas».
En cuanto a Sacaba, en la ciudad de Cochabamba, el GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes», remarca.
«Producto de los disparos, nueve personas resultaron fallecidas y una décima quedó con graves heridas, que provocaron su muerte en junio del año siguiente. Por lo menos otras 98 personas resultaron heridas», relata el grupo de expertos.
En el texto también se contradice la versión del que era por entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien acusó a los manifestantes de ser responsables de los disparos. «No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden», ni se hallaron pruebas de que los participantes en las protestas llevaran armas de fuego.
El informe también ha recopilado episodios de amenazas y agresiones contra las víctimas de la represión policial y militar ordenada por el gobierno de Áñez cuando acudieron a los hospitales al ser tratados de sus heridas, por tratarse de supuestos simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
No obstante, el estudio explica que en las manifestaciones, surgidas en protesta por la renuncia forzada del expresidente Evo Morales, hubo una «participación plural», con personas «que no necesariamente simpatizaban con ningún partido», pero sí «se identificaban en contra de la quema de la Wiphala (bandera indígena), de la humillación y las vejaciones contra la gente pobre y la discriminación de las cholas (mujeres con el traje tradicional boliviano)».
Durante las semanas que siguieron la renuncia de Morales y a la autoproclamación de Áñez como presidenta interina, se produjeron fuertes protestas y movilizaciones contra estos dos episodios, con las masacres de Sacaba, en La Paz, y Senkata como episodios más funestos, en los que murieron fruto de la represión del Ejército y la Policía una veintena de personas y cerca de 200 resultaron heridas.
