«Tienen que esclarecerse las responsabilidades, responsabilidad nacional e internacional», ha señalado Cox, que ha detallado que la propuesta se estudia junto a la Procuraduría General de Bolivia. «La impunidad no puede reinar, así sean altas autoridades de otros países, así sean actores de política internacional», ha añadido en una entrevista con Red Uno, recogida por el diario ‘La Razón’.
Según Cox, «no solamente países (están involucrados), también escenarios multilaterales y bilaterales, qué pasó con la (Organización de Estados Americanos) OEA, qué pasó con la Unión Europea, que en ese momento han sido detractores de la democracia y desde luego que todos se han vinculado para respaldar lo que ha sido una ruptura de un escenario democrático».
Las palabras de Cox tienen lugar después de que el Gobierno de Bolivia haya denunciado que los gobiernos de Ecuador y Argentina enviaron a la nación andina material antidisturbios que supuestamente se habría usado para reprimir las protestas registradas tras las elecciones de 2019, que sumieron al país en una grave crisis política.
El expresidente Evo Morales se proclamó vencedor de las elecciones, en las que buscaba un cuarto mandato, pero su principal rival, Carlos Mesa, que quedó segundo, denunció un «fraude gigantesco».
Las partes accedieron a que la OEA realizara una auditoría con la que detectó «irregularidades». Morales dimitió el 10 de noviembre en medio de una ola de violencia que dejó más de 30 muertos. Jeanine Áñez, entonces ‘número dos’ del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder.
Bolivia volvió a celebrar elecciones presidenciales el 18 de octubre de 2020, fecha pospuesta en varias ocasiones a causa de la pandemia de la COVID-19. En los comicios, Luis Arce, candidato del MAS, ganó los comicios en primera vuelta, con más del 55 por ciento de los votos.
