«Recordábamos hace poco el golpe de Estado del año 71, donde también hubo muertes, y 50 años después sigue habiendo impunidad para quienes estuvieron en este golpe de Estado. El pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio», ha afirmado Arce durante un acto oficial en el Estado Mayor General del Ejército recogido por la agencia de noticias boliviana ABI.
«La forma de pacificar correcta, real y concreta que tenemos es la aplicación de justicia, como lo piden las familias de las personas que han perdido vidas», ha apuntado Arce, que se ha referido además al «daño económico» por 38 familias afectadas. «La única manera de reparar y pacificar esto es con la aplicación de la justicia a la brevedad posible», ha remachado.
También se ha referido al caso de Áñez el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien ha asegurado que la exdirigente no está en riesgo como afirman desde la oposición.
«Rechazamos totalmente que se hable de la administración penitenciaria respecto a que estaríamos violando sus derechos o dañando su estado de salud. Al contrario, lo hemos demostrado con hechos», ha afirmado Limpias en una entrevista con la cadena de televisión Uno.
Así, ha subrayado que la salud de Áñez es totalmente estable y que es evaluada constantemente por sus médicos, disponibles 24 horas al día. «Se respetan todos sus derechos y hasta guarda detención acompañada por sus familiares para ayudarla en su recuperación anímica», ha explicado.
DEPRESIÓN «PROVOCADA»
Mientras, la hija de Áñez Carolina Ribera ha apuntado este lunes que su madre se encuentra «dopada, sedada» y «no recuerda nada» de lo que ocurrió durante el fin de semana, según declaraciones a Unitel en las que ha señalado al Gobierno por «provocar» esta situación.
«Tuvo que pasar este hecho que ellos provocaron, para que pueda estar acompañada por un familiar. Antes nos dejaban ingresar una vez al día por 15 o 20 minutos y hasta el psiquiatra dijo que mi madre está en una depresión severa y necesita estar con su familia», ha explicado.
La misión de la ONU en Bolivia tuvo un acceso inmediato y sin restricciones a Áñez el domingo y verificó que recibió atención médica ante «lesiones físicas autoinfligidas» y constató las medidas de respuesta asumidas por autoridades de Régimen Penitenciario, como autorizar que familiares pernocten con la detenida.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció el viernes que había presentado un requerimiento para iniciar un juicio de responsabilidades en contra de Áñez por los presuntos delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte por los hechos de Sacaba y Senkata, registrados en el marco de las protestas postelectorales de 2019.
Áñez se encuentra encarcelada, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y ahora también de genocidio por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.
