«Se aprobó el primer proyecto RIGI: se trata un parque fotovoltaico de 305 megawatts de YPF Luz en Mendoza que va a generar una inversión de 211 millones de dólares», informó este jueves el funcionario en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
Este nuevo esquema, que fue incluido en el principal proyecto legislativo del Ejecutivo para desregular la economía, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, ofrece incentivos aduaneros y fiscales de gran envergadura a los proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares.
Otras seis iniciativas están en estudio, las cuales aportarían en total 7.800 millones de dólares, de acuerdo a Adorni, que destacó que el RIGI «está generando inversiones como nunca había ocurrido en otro momento de la historia».
Una de ellas es otro proyecto de YPF, que junto con otras empresas petroleras y de gas presentaron una iniciativa para construir un oleoducto de más de 500 kilómetros de extensión, como parte de una obra de infraestructura privada.
Ese oleoducto permitiría aumentar 70 por ciento la extracción de petróleo del principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país, Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), que alberga las segundas reservas no convencionales de gas a nivel global, y las cuartas de petróleo.
En paralelo, se plantea otra inversión de más de 600 millones de dólares para construir un nuevo puerto sobre el río Paraná de Las Palmas, en el partido de Escobar, en la provincia de Buenos Aires (este), con la expectativa de que genere unos 3.000 empleos, entre directos e indirectos.
La petrolera estatal anunció hace varios meses junto con la empresa malaya Petronas la construcción de una planta de licuefacción de gas natural licuado (GNL), en lo que se presentó como la inversión energética más importante de los últimos años.
Después de que YPF decidiera ubicar la planta en la provincia de Río Negro (sur) en vez de en Buenos Aires (este), como se había anunciado en un principio, Petronas decidió salir del proyecto, pese a que este proyecto también se iba a acoger al RIGI, que garantiza estabilidad fiscal y aduanera por 30 años.
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