Aula de una Universidad
Las universidades públicas argentinas han elevado el conflicto con el Ejecutivo al terreno judicial tras constatar, según denuncian, el incumplimiento de una resolución que obliga a aplicar la normativa vigente sobre financiación universitaria.
Rectores y sindicatos denuncian el incumplimiento de una ley respaldada por la justicia
En una acción conjunta, el Centro Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de 61 universidades públicas, junto con ocho federaciones sindicales y estudiantiles, ha comunicado formalmente a la justicia que el Gobierno no está ejecutando el fallo que ordena aplicar la ley.
El conflicto se remonta a la decisión del Gobierno de no ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que fue aprobada por el Congreso en agosto y ratificada posteriormente frente al veto presidencial.
Un tribunal de apelación confirmó el pasado 31 de marzo una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a cumplir con los artículos clave de la norma, centrados en la actualización de salarios y becas conforme a la inflación.
La ley obliga a actualizar salarios y becas según la inflación
La comunidad universitaria ha reclamado además una reunión urgente con el Ministerio de Capital Humano para desbloquear los incrementos salariales pendientes, que consideran prioritarios para garantizar el funcionamiento del sistema.
Los sindicatos denuncian un fuerte deterioro de los recursos destinados a la educación superior desde la llegada del actual Gobierno.
Según los datos aportados por las organizaciones, las transferencias a universidades públicas han caído un 45,6%, afectando directamente a salarios, becas y funcionamiento ordinario de los centros.
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Universidades públicas afectadas | 61 |
| Caída de transferencias | 45,6% |
| Fondo previsto por la ley | 7 millones de euros |
| Coste fiscal de la ley | 0,23% del PIB |
Las transferencias a universidades han caído casi a la mitad desde 2023
La Ley de Financiamiento Universitario contempla la reapertura de negociaciones salariales, el refuerzo de becas estudiantiles y la creación de un fondo específico equivalente a 7 millones de euros para sostener el sistema.
Ante la falta de respuesta, rectores, docentes y estudiantes han advertido que convocarán movilizaciones en la primera quincena de mayo en defensa de la universidad pública.
La comunidad educativa asegura que el sistema está operando “a la mitad de su capacidad” y alerta de que la falta de financiación puede deteriorar de forma irreversible la calidad educativa y científica.
La comunidad educativa amenaza con protestas masivas en mayo
Además, recuerdan que la inversión en educación superior en 2025 se sitúa en su nivel más bajo de las últimas dos décadas, según datos de la Universidad de Buenos Aires.
El conflicto abre un nuevo frente entre el Gobierno y el sistema universitario, con impacto directo en más de un millón de estudiantes y miles de trabajadores del sector.
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