En una nueva escalada judicial en los tribunales de Nueva York, la jueza Loretta Preska amplió el alcance de su fallo contra el Estado argentino y sumó al fondo buitre Bainbridge como beneficiario de las acciones de YPF, en una causa paralela a la expropiación de 2012. El dictamen reactiva el conflicto por los pasivos heredados del colapso económico de 2001 y pone en jaque la propiedad estatal de la mayor petrolera del país.
El fallo judicial emitido este lunes por la jueza Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dispuso que Argentina deberá entregar parte del paquete accionario de YPF no solo a los fondos Burford Capital y Eton Park, sino también al fondo Bainbridge, como forma de pago de una sentencia por 95 millones de dólares correspondientes a títulos de deuda impagos desde 2001.
Este fondo buitre había iniciado acciones legales contra Argentina por bonos que quedaron fuera de los canjes de deuda realizados en 2005, 2010 y 2016. La jueza lo sumó ahora a la causa de YPF, permitiendo que reciba acciones de la empresa estatal como compensación.
La magistrada ordenó que los fondos reciban el 51% de las acciones de YPF en un plazo de catorce días, pese a que el fallo aún no está firme
La causa original se remonta a la reestatización de YPF impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol, abonando posteriormente 5.000 millones de dólares.
En 2015, las firmas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, controladas por la familia Eskenazi, iniciaron un litigio por no haberse realizado una oferta pública de adquisición del resto de las acciones, como establecía el estatuto de YPF. Luego de su quiebra, los derechos litigiosos pasaron al fondo Burford, que llevó el caso a Nueva York.
En septiembre de 2023, la jueza Preska falló contra Argentina y dictaminó que debía pagar 16.100 millones de dólares.
El fondo Bainbridge, que compró bonos impagos tras la crisis de 2001, obtuvo en marzo de 2023 un fallo que autorizaba el embargo de activos argentinos por 95,8 millones de dólares. Para forzar el cobro, solicitó a la jueza Preska que ordenara la transferencia de acciones de YPF, en línea con lo dispuesto en el caso Burford.
En 2024, también reclamó que se investigue el destino del oro del Banco Central argentino, transferido a bancos europeos por decisión del gobierno de Javier Milei.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino en el proceso y advirtió que la ejecución del fallo podría afectar relaciones diplomáticas. Alegó que la propiedad soberana argentina fuera del país tiene inmunidad, y alertó sobre posibles represalias de gobiernos extranjeros contra activos estadounidenses si se acepta el pedido de los fondos.
Según el Departamento, una acción de este tipo pone en riesgo principios internacionales de inmunidad y podría dañar la política exterior de EEUU
El presidente Javier Milei anunció que apelará el fallo ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. En paralelo, el Ejecutivo mantiene su estrategia de privatización de empresas estatales, entre ellas YPF, lo que complejiza aún más el escenario legal en torno al control accionario de la petrolera.
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