El economista argentino Javier Milei, candidato presidencial por el partido La Libertad Avanza
La publicación oficial del veto se realizará el lunes, pero la decisión ya ha generado reacciones entre los sectores afectados. El ajuste fiscal de Milei, implementado desde finales de 2023, ha generado una ola de protestas de jubilados y personas con discapacidad, que ven cómo se frena una mejora mínima en sus condiciones. Ahora será el Congreso el que deba decidir si respalda o revierte la postura del Ejecutivo.
El decreto presidencial, que se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes, veta formalmente dos leyes clave aprobadas por el Congreso el pasado 10 de julio. La primera contempla un incremento excepcional del 7,2% en las jubilaciones, mientras que la segunda declara la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.
Ambas iniciativas fueron aprobadas con amplio apoyo parlamentario, en respuesta a los efectos del ajuste económico impuesto por el Gobierno desde que asumió Milei. El presidente había advertido que vetaría cualquier norma que atentara contra el objetivo de superávit fiscal, una de las prioridades de su administración.
El veto presidencial abre ahora un nuevo capítulo legislativo: el Congreso podrá aceptar la decisión de Milei o intentar revertirla, lo que requeriría una mayoría especial para rechazar el decreto.
Desde finales de 2023, el Gobierno de Milei ha implementado un severo plan de recorte del gasto público, con el objetivo de equilibrar las cuentas y frenar la inflación. Sin embargo, las consecuencias han sido profundas para los sectores más vulnerables.
Jubilados y colectivos de personas con discapacidad han salido a las calles en repetidas ocasiones en los últimos meses, exigiendo mejoras urgentes ante la pérdida de poder adquisitivo y la precarización de los servicios sociales.
La ley vetada de emergencia en discapacidad contemplaba la garantía de financiamiento para pensiones y asistencia, medidas que los colectivos consideraban imprescindibles. La anulación del incremento en jubilaciones, en cambio, supone una nueva pérdida real para millones de personas mayores que ya venían siendo golpeadas por la inflación.
El veto de Milei confirma la tensión entre su programa de austeridad fiscal y las demandas sociales acumuladas tras años de crisis económica en Argentina. Aunque el presidente mantiene respaldo de algunos sectores por su combate al déficit, también aumentan las críticas por el deterioro del tejido social.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y referentes políticos de la oposición han advertido que el ajuste no puede hacerse a costa de los más vulnerables. A su vez, varios legisladores preparan ya una ofensiva parlamentaria para intentar revertir los vetos en el Congreso.
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