El sindicato denuncia la presencia de asbesto en varias formaciones, mientras la empresa concesionaria Emova defiende que los trabajos de retirada del material peligroso se desarrollan conforme a la normativa vigente.
La interrupción del servicio ha afectado a miles de usuarios en una de las líneas más transitadas de la capital argentina. La medida fue anunciada por el sindicato durante la noche del domingo y comenzó a aplicarse este lunes, generando importantes complicaciones en los desplazamientos urbanos.
La huelga afecta a una de las principales líneas de transporte de Buenos Aires y ha provocado aglomeraciones en estaciones y paradas de autobús
El sindicato denuncia incumplimientos en la retirada del amianto
El secretario general de AGTSyP, Néstor Segovia, justificó la paralización de la línea C al considerar que la empresa no ha cumplido los compromisos adquiridos sobre la retirada de trenes con componentes que contienen amianto.
Según el dirigente sindical, el acuerdo firmado el 31 de mayo de 2024 establecía que las formaciones Nagoya 5000 con presencia de asbesto dejarían de circular antes de esta fecha. Sin embargo, el sindicato sostiene que estos convoyes continúan prestando servicio.
La protesta se ha traducido en largas colas en los principales puntos de conexión de la ciudad, especialmente en la estación de Constitución, uno de los mayores centros de intercambio de transporte público de Buenos Aires.
| Aspecto del conflicto | Posición sindical |
|---|---|
| Motivo del paro | Presencia de asbesto en trenes |
| Línea afectada | Línea C |
| Sindicato convocante | AGTSyP |
| Reclamación principal | Retirada definitiva de formaciones con amianto |
Los representantes de los trabajadores aseguran que varias unidades continúan operando pese a los compromisos firmados sobre su retirada
Emova defiende los trabajos de desasbestizado
La empresa Emova, concesionaria del servicio de metro de Buenos Aires, expresó su preocupación por la huelga al considerar que perjudica directamente a los viajeros.
La compañía asegura que trabaja desde 2018 en la eliminación progresiva del asbesto de toda la red y, en particular, de las formaciones Nagoya que operan en la línea C. Según la empresa, los trabajos se realizan mediante procedimientos de oclusión ajustados a las normas vigentes y supervisados por las autoridades competentes.
Emova recordó además que las tareas han sido aprobadas por organismos laborales, por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), propietaria de las unidades.
Más de 5.000 mediciones de calidad del aire
La concesionaria sostiene que continúa realizando controles ambientales para garantizar la seguridad de trabajadores y pasajeros.
Según sus datos, se han efectuado más de 5.000 mediciones de calidad del aire en distintas áreas de la red de metro, con resultados situados por debajo de los límites considerados perjudiciales para la salud.
| Datos aportados por Emova | Cifra |
|---|---|
| Inicio del plan de retirada de asbesto | 2018 |
| Mediciones de calidad del aire realizadas | Más de 5.000 |
| Última renovación del convenio laboral | Hasta el 31 de julio |
La empresa afirma que las mediciones ambientales muestran niveles compatibles con los estándares de seguridad laboral
El origen de la polémica sobre los trenes adquiridos en España y Japón
La controversia sobre el amianto en el metro porteño comenzó cuando Metro de Madrid reconoció que determinados componentes eléctricos de los trenes CAF 5000, vendidos a Buenos Aires en 2011 y 2012, contenían asbesto.
Posteriormente, el sindicato también identificó restos de amianto en otras tres formaciones adquiridas a Japón en 2013 y puestas en circulación dos años más tarde en la línea C.
Tanto España como Argentina cuentan desde hace más de dos décadas con normativas que prohíben la comercialización del amianto debido a los riesgos para la salud asociados a su exposición prolongada.
El conflicto mantiene paralizada una infraestructura clave para la movilidad de Buenos Aires mientras trabajadores y empresa mantienen posiciones enfrentadas sobre el grado de avance en la eliminación definitiva del material.
