Banco Nación de Argentina
«Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación», señala la resolución del federal Alejo Ramos Padilla.
El magistrado, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires (este), ordenó al Estado nacional y al Banco Nación que en un plazo de cinco días remitan un informe en el que den cuenta «del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025″.
La medida judicial se adoptó en el marco de una causa judicial que comenzó el 11 de junio, y en la cual se requería que se declarase «la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA nº 348, así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización» del banco público.
En su resolución, el juez señaló que el decreto presidencial «fue dictado en exceso», dado que la conversión del organismo en sociedad anónima «puede implicar un paso previo a su posible privatización».
«El Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es éste el único poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter y cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo», advirtió Ramos Padilla.
La medida judicial fue celebrada por la Asociación Bancaria, único sindicato de los empleados del banco, que acusó al mandatario argentino de incurrir con su decreto en una nueva «estafa», tras la promoción de Milei de la criptomoneda fraudulenta $Libra, que causó pérdidas millonarias a decenas de miles de inversores.
La principal iniciativa del Gobierno para desregular la economía, La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, sancionada en junio, contemplaba en su borrador original la privatización del Banco Nación, pero en las negociaciones en el Congreso se retiró esta empresa finalmente, al igual que Aerolíneas Argentinas y la petrolera estatal YPF.
En el fallo judicial al que tuvo acceso la Agencia Sputnik, Ramos Padilla señaló que el entonces Procurador del Tesoro «dio cuenta expresamente de la imposibilidad de llevar adelante una privatización», porque ésta había sido excluida de la Ley de Bases, normativa que ahora se utiliza como fundamento para el dictado de este nuevo decreto», lo que justifica la concesión de la medida cautelar.
El banco, integrado por 17.403 empleados que trabajan en el país y otros 182 ubicados en el exterior, cuenta con 721 sucursales en Argentina y cuatro en el extranjero, en Nueva York, Madrid, Montevideo y Santa Cruz de la Sierra, además de tener representaciones en otras ciudades de Estados Unidos, Brasil, Paraguay y China.
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