El fallo supone un duro revés político para el presidente argentino, Javier Milei, que a comienzos de agosto vetó la normativa aprobada en el Congreso con el argumento de que comprometía el déficit fiscal. Con esta decisión, la Justicia reafirma que el Estado argentino tiene la obligación de garantizar la protección integral de los sectores más vulnerables y de cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El fallo contra el veto presidencial
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el Decreto 534/2025 con el que Milei había anulado la norma. En su resolución, subrayó que el veto constituía un caso de “clara discriminación a personas con discapacidad” y que el Gobierno utilizó argumentos “falaces” para justificarlo.
El magistrado sostuvo que la Cámara de Senadores actuó correctamente tanto en el trámite parlamentario como en la previsión económica de la iniciativa. Según su dictamen, el veto vulneraba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la regresión en materia de derechos adquiridos.
El juez González Charvay señaló que la protección de los niños con discapacidad debe prevalecer frente a cualquier restricción fiscal
Qué contempla la ley de emergencia en discapacidad
La ley aprobada por el Senado argentino a comienzos de julio incluye medidas clave para el sector: la regularización de pagos y la actualización de aranceles a prestadores de servicios, así como el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El texto también prevé el financiamiento sostenible de las pensiones no contributivas, la apertura de nuevos cupos en el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y la creación de instancias de diálogo con organizaciones del sector.
El Congreso incluyó mecanismos de financiación y fortalecimiento institucional para garantizar la aplicación de la ley
La respuesta del Gobierno de Milei
Tras el fallo, el Gobierno recordó que Milei vetó la ley argumentando que implicaba un fuerte impacto en el déficit fiscal. El Ejecutivo consideró que la iniciativa había sido impulsada por “determinados sectores” en un contexto electoral con el objetivo de debilitar el orden macroeconómico.
No obstante, las organizaciones de personas con discapacidad habían protagonizado en las últimas semanas movilizaciones en todo el país para denunciar los retrasos en pagos, la falta de recursos y la precariedad en la asistencia.
