«Ratificamos la retención de tareas», corroboró la UTA en las redes sociales en las últimas horas.
La interrupción del servicio dificultó la movilidad en la capital argentina, en la provincia de Buenos Aires (este), incluida su capital, La Plata, y en las jurisdicciones de Corrientes (noreste), Entre Ríos (este), Santa Fe (centro-este), Formosa (norte), Misiones (noreste) y Tucumán (noroeste).
La UTA advirtió que no permitirá que las compañías propietarias de las líneas de autobuses utilicen este conflicto para obtener mayores subsidios del Gobierno.
En esta línea, el sindicato sostuvo que «los grupos monopólicos que pretenden ejercer presión sobre las autoridades nacionales para obtener mayores recursos económicos» deben encauzar esa discusión «en los espacios y las instancias adecuadas».
El gremio también advirtió a las patronales que «no utilicen a los trabajadores y a los usuarios como rehenes de sus pedidos sectoriales», según un comunicado que difundieron.
La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, aseguró que el Gobierno transfirió sus partidas y que se trata de un cierre patronal.
La funcionaria no descartó denunciar a las empresas de autobuses por una supuesta retención indebida de subsidios que le corresponderían a los trabajadores.
Un sector de la UTA, crítico con la gestión del secretario general del gremio, Roberto Fernández, adelantó el cese de tareas a la tarde del jueves, lo que condicionó el regreso a sus hogares de miles de personas.
Esta facción disidente, que llevó a que todos los autobuses del grupo DOTA adelantaran la medida de fuerza a las 18.00 horas del jueves (21.00 GMT), acusó al titular de UTA de «negociar sus salarios a la baja» e «imponer una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas».
En la mañana de este viernes, también dejó de funcionar durante unas horas la línea de ferrocarril Sarmiento, que comunica la capital con el oeste de la provincia de Buenos Aires.
