Aula de una Universidad
El conflicto universitario vuelve a situarse en el centro de la agenda argentina tras meses de tensión por los fondos destinados a la educación superior. Los sindicatos docentes denuncian que el Ejecutivo mantiene bloqueada una norma aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial, mientras las universidades advierten de un deterioro presupuestario que afecta a salarios, becas, funcionamiento académico y hospitales universitarios.
La huelga se extenderá hasta el sábado 30 de mayo y busca presionar al Gobierno para que aplique la ley aprobada por el Congreso
El paro nacional docente universitario comenzó este martes y se prolongará durante cinco días, con el respaldo de organizaciones como Feduba, Conadu Histórica y la CTA. La medida forma parte de un plan de lucha que incluye clases públicas, acciones callejeras y concentraciones en distintos puntos del país.
Los gremios convocaron una clase pública frente al Palacio de Tribunales, en Buenos Aires, para reclamar a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente judicializada.
“Señores jueces: que Milei cumpla la Ley”, reclamaron los sindicatos en la convocatoria.
La UBA pidió al máximo tribunal argentino que acelere una resolución para garantizar el funcionamiento de la universidad pública
La Universidad de Buenos Aires, la mayor del país, solicitó al máximo tribunal que resuelva con celeridad la causa para garantizar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795 y proteger el sistema universitario público argentino.
La institución sostiene que la falta de aplicación de la norma compromete el normal desarrollo de la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la asistencia sanitaria que prestan los hospitales dependientes de las universidades públicas.
| Clave del conflicto | Dato principal |
|---|---|
| Duración del paro nacional universitario | 5 días |
| Fechas de la huelga | Del 26 al 30 de mayo |
| Costo alegado por el Gobierno | 1,9 billones de pesos |
| Equivalencia aproximada | 1.342 millones de dólares |
| Impacto fiscal estimado por la OPC | 0,23% del PIB |
| Fondo previsto en la ley | 10.000 millones de pesos |
El Ejecutivo de Javier Milei se resiste a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario al considerar que su puesta en marcha implica un gasto de 1,9 billones de pesos, equivalentes a unos 1.342 millones de dólares.
La norma establece la reapertura de las negociaciones salariales para trabajadores universitarios, reconoce fondos para becas, garantiza recursos para el funcionamiento de las casas de estudio y crea un fondo específico de 10.000 millones de pesos.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el coste fiscal de la ley equivale al 0,23% del PIB.
Los sindicatos denuncian que el ajuste también afecta a hospitales universitarios y a servicios esenciales vinculados a la educación pública
El conflicto también alcanza a los hospitales públicos que dependen de universidades nacionales. Los sindicatos y autoridades universitarias denuncian que el Ejecutivo se opone a girar los fondos correspondientes al primer cuatrimestre, una situación que afecta a seis establecimientos sanitarios vinculados a la UBA.
La universidad sostiene que la inversión en educación superior en 2025 fue la más baja de los últimos 20 años, en un escenario marcado por la pérdida salarial docente, la caída de recursos operativos y el deterioro de programas académicos y científicos.
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