El juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania «se declaró incompetente para llevar adelante la denuncia», informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
El juez Biscayart, también del fuero penal económico, se declaró a su vez incompetente para seguir la causa el pasado 2 de agosto, al argumentar que él recibió la segunda denuncia presentada ante la justicia sobre la provisión de material bélico a Bolivia.
Esa segunda querella, interpuesta por el Ministerio de Seguridad, el de Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el pasado 12 de julio, llevó a que el fiscal Claudio Navas Rial imputara al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y a otros seis funcionarios de su gestión.
Ese mismo día, el exjuez Eduardo Freiler, que fue integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, presentó otra demanda, que recayó en el juzgado de Catania.
Para este juez, su colega Javier Lopez Biscayart debe continuar con el caso, puesto que ya había ordenado medidas de prueba y es el que tiene la investigación más avanzada.
En el marco de la causa que llevaba adelante, Biscayart requirió medidas de prueba a los organismos del Gobierno que habían presentado la denuncia antes de que el fiscal del caso imputara no solo al expresidente Macri, sino a quien fuera su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al de Defensa, Oscar Aguad.
Corrieron la misma suerte el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, el exdirector de Gendarmería, Gerardo José Otero, el exdirector de Logística de esta fuerza federal, Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.
El presidente Alberto Fernández pidió disculpas al Gobierno boliviano tras reconocer el envío que realizó la gestión precedente a las fuerzas que forzaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) el 10 de noviembre de 2019, un día antes de que el mandatario se exiliara y fuera acogido como refugiado en México y luego en Argentina.
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