«El Gobierno presentó una ampliación de la denuncia por contrabando de armamento y municiones a Bolivia», confirmaron las fuentes a esta agencia.
En el escrito presentado ante el juzgado penal económico nº9, la actual gestión constató el hallazgo de armamento y municiones en Bolivia, según avalan diversas fotografías y otra documentación que certifica la provisión de 26.900 cartuchos de perdigón de goma; 47 gases aerosol con distintas características; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo Béisbol.
Los cartuchos de balas de goma hallados en Bolivia bajo el número de lote 08/2018 fueron producidos en Argentina por la empresa estatal Fabricaciones Militares y cedida a la Gendarmería en noviembre de 2018.
El Ejecutivo deduce que estas municiones llegaron a Bolivia «a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la Embajada» argentina en ese país, según la cartera de Seguridad.
«Parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como ‘guantes’, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido», añadieron.
Ante estos elementos, el Gobierno argentino descarta que los cartuchos fueran destinados a proteger su sede diplomática en Bolivia, o que se utilizaran en ejercicios de entrenamiento, como alegó la Gendarmería después.
El 12 de noviembre de 2019, día que asumió como presidenta interina en Bolivia la senadora Jeanine Áñez (2019-2020), el jefe del grupo de élite «Alacrán» de la Gendarmería, Fabián Manuel Salas, envió una nota formal a la Fuerza Aérea comunicando que el vuelo Hércules C130 que saldría del país ese día con destino a Bolivia llevaría como carga los 70.000 cartuchos calibres 12/70 AT, los gases lacrimógenos y las granadas de mano.
«Esta nota evidencia que el ministro de Defensa (en aquel momento Óscar Aguad) tenía cabal conocimiento del traslado de ese material adicional, posteriormente desviado», afirman desde el Ministerio de Seguridad.
No hay prueba documental sobre esta orden, lo que «demuestra la maniobra de ocultamiento perpetrada por el propio ministro, ya que, según otro informe de la propia fuerza, ‘el vuelo fue ordenado por el entonces ministro de Defensa en forma verbal», interpretó la cartera.
Por otro lado, un informe de un agregado naval de Gendarmería a cargo de la recepción del material que transportaba el Hércules C-130, el comandante Caliba, informó por medio de una nota oficial al entonces director nacional de la fuerza, Gerardo José Otero, sobre una reunión realizada ese día, en la que «el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock».
A juicio del Gobierno, «esta nota parece ser un intento desincriminatorio (sic) por parte de uno de los partícipes de la maniobra de contrabando».
En todo caso, «se trata de la primera documentación oficial en donde se plasma la intención de la Policía boliviana de obtener material represivo por parte de fuerzas armadas o de seguridad de otros países; y, también, el primer documento que evidencia la voluntad de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad Argentino de dar soporte armamentístico a las fuerzas sediciosas», añade el texto.
Para sustentar estas afirmaciones, el Gobierno sumó 15 pruebas documentales y solicitó por ello cinco medidas de prueba.
El Ejecutivo subrayó que «la gravedad del hecho es mayúscula: las autoridades de control aduanero del Estado Nacional fueron engañadas por la máxima autoridad estatal -el entonces presidente de la Nación- y altos funcionarios de su gabinete», resumió.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic, el de Justicia, dirigido por Martín Soria, y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuya titular es Mercedes Marcó Del Pont.
El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, imputó por contrabando agravado el pasado viernes a Macri y a otros seis funcionarios de su gestión, entre ellos el ministro de Defensa, Óscar Aguad y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El presidente Alberto Fernández pidió disculpas al Gobierno boliviano tras reconocer el envío que realizó la gestión precedente a las fuerzas que forzaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) el 10 de noviembre de 2019, un día antes de que el mandatario se exiliara y fuera acogido como refugiado en México y luego en Argentina.
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