«Una vez completadas las revisiones quinta y sexta, Argentina tendrá acceso a alrededor de 7.500 millones millones de dólares», especificó la entidad en un comunicado.
El convenio, que todavía debe ser avalado por el directorio del FMI, abarca la quinta y la sexta auditoría de las 10 trimestrales que tiene pendiente la nación sudamericana, en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo suscrito en marzo de 2022 por la actual gestión.
El FMI señaló que Argentina fracasó en cumplir con las metas trazadas desde finales de junio sobre la acumulación de reservas internacionales, el saldo fiscal primario establecido y el financiamiento monetario del déficit fiscal.
El organismo reconoció que tras finalizar la cuarta revisión el 31 de marzo, la nación sudamericana enfrenta una situación económica «muy desafiante», debido al impacto de una sequía que perjudicó las exportaciones y los ingresos fiscales.
En esa línea, la entidad multilateral observó «desvíos y retrasos en las políticas que han contribuido a una fuerte demanda interna y una balanza comercial más débil».
A través del Ministerio de Economía, el Gobierno de Alberto Fernández introdujo nuevas medidas cambiarias de forma temporal que provocaron el incumplimiento de los criterios de desempeño, por lo que «se solicitarán exenciones, así como modificaciones de objetivos clave, sobre la base de las acciones correctivas acordadas para fortalecer el programa», señaló el FMI.
«En este contexto, se ha acordado un paquete de políticas con un conjunto secuencial de medidas para reconstruir las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura crítica y el gasto social», especificó la entidad multilateral.
El organismo indicó que la prioridad debe ser «salvaguardar la estabilidad y abordar los desequilibrios subyacentes», como las escasas reservas del Banco Central (BCRA) y la inflación, que llegó al 115,6 por ciento interanual.
OBJETIVOS
El programa mantiene el objetivo original de rebajar el déficit en 2023 al 1,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que el organismo exige «un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año».
Para fortalecer los ingresos, el FMI se mostró complacido con los nuevos impuestos que introdujo el Ministerio de Economía para la compra de divisas destinadas a la adquisición de bienes y servicios importados, así como por la decisión de crear un tipo de cotización especial para las exportaciones de las economías regionales y de granos como el maíz, la cebada cervecera, el girasol, el sorgo y la cebada forrajera.
En cuanto a los gastos, la entidad reclamó «esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial», una actualización de las tarifas de energía, y un mayor control de gasto, que conlleve racionalizar las transferencias corrientes a las empresas estatales y a las provincias.
Respecto a la acumulación de reservas, el FMI convino en que Argentina logre 1.000 millones de dólares para finales de año, en vez de los 8.000 millones de dólares planteados durante la cuarta revisión.
El Fondo asumió que habrá una mejora en el balance energético gracias al término de la sequía, previsto para la última parte del año, y a la finalización de la primera fase del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que conecta la principal reserva de hidrocarburos no convencionales, Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste).
Las autoridades argentinas se han comprometido a aplicar con firmeza el paquete de políticas durante los próximos meses, según el organismo.
Argentina es la mayor deudora del FMI, que en 2018 hizo entrega al Ejecutivo de Macri del mayor crédito otorgado en su historia a un solo país.
