«No hay más lugar para colonialismos en el Siglo XXI», consideró este el canciller con ocasión de la fecha.
A 190 años de la usurpación británica, el ministro de Exteriores reafirmó la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Las autoridades argentinas recordaron que el 3 de enero de 1833, el archipiélago fue ocupado por fuerzas británicas «que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos británicos que instauraron desde entonces medidas restrictivas para evitar el reasentamiento del pueblo argentino».
Esta acción, contraria al derecho internacional, llevó a que desde entonces cada Gobierno reafirmara «sus legítimos e imprescriptibles derechos soberanos» sobre el archipiélago.
Después de estar bajo jurisdicción española hasta 1811, el 6 de noviembre de 1820 las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata tomaron posesión de las islas por medio del coronel de la Marina argentina David Jewett.
Desde la ocupación británica del archipiélago, Argentina reivindica que existe una disputa de soberanía, como reconoce la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2065, adoptada en 1965.
Esta norma «consagra el llamado de la comunidad internacional a proceder sin demora a negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas», recordó la cancillería argentina.
La nación sudamericana rechazó «la negativa británica a cumplir con la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos y de poner fin al colonialismo en todas sus formas».
Este hecho es agravado por diversas acciones unilaterales de Reino Unido, como la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables.
La recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre esos territorios australes, conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, «es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como se encuentra plasmado en la disposición transitoria primera de nuestra Constitución», concluyó la cancillería.
