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Un año negro

miércoles 30 de diciembre de 2009, 01:00h
Cristina Fernández no ha vivido un año tranquilo en 2009. En los últimos meses ha tenido conflictos con los representantes de muchos sectores económicos y sociales que han cuestionado sus decisiones políticas y ha afrontado una seria pérdida de poder en las últimas elecciones legislativas. Pero quizá lo peor para la presidenta argentina, y su marido Néstor Kirchner, quien ocupó el cargo antes que ella, sea el desfile de viejas glorias del peronismo que han anunciado su intención de echar a la feliz pareja de la Casa Rosada.
Cristina Fernández no ha vivido un año tranquilo en 2009. En los últimos meses ha tenido conflictos con los representantes de muchos sectores económicos y sociales que han cuestionado sus decisiones políticas y ha afrontado una seria pérdida de poder en las últimas elecciones legislativas. Pero quizá lo peor para la presidenta argentina, y su marido Néstor Kirchner, quien ocupó el cargo antes que ella, sea el desfile de viejas glorias del peronismo que han anunciado su intención de echar a la feliz pareja de la Casa Rosada.



Primero fue Eduardo Duhalde su viejo mentor del pasado y su más encarnizado rival del presente. Luego llegó Carlos Menem el incombustible lider de los dorados ochenta con sus luces y sus sombras populistas a pleno rendimiento. Dos enemigos de peso a los que acaba de unirse un tercero en discordia. Se trata del actual Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que ha decidido sumarse a la nómina de enemigos de la familia Kirchner que intentan apartarles del poder desde dentro del justicialismo.



Saá pertenece a una familia importante en el justicialismo, casi una monarquía en la provincia de San Luis que han gobernado desde 1983 hasta ahora. Sólo durante un breve periodo, entre 2003 y 2007, los Saá estuvieron fuera del poder provincial. Antes de Alberto, el liderazgo familiar correspondía a su hermano mayor Adolfo otro histórico peronista que llegó a ser presidente de Argentina durante siete días.



Fue en 2001, en los tiempos del famoso ‘Corralito’. En el mes de diciembre, tras la renuncia del entonces mandatario Fernando de la Rúa, Saá es elegido presidente del país por 90 días, de los que tan sólo estuvo en el poder siete. Tiempo suficiente para que pediera el respaldo de los peronistas que auparon hasta el poder a Eduardo Duhalde, gracias a un trabajo muy notable de Néstor Kirchner en la sombra.



Con Adolfo en la sombra, según se asegura en Buenos Aires, Alberto ha lanzado su campaña gracias a la decisión del Gobierno argentino de pedir un crédito al Banco Central Argentino para pagar algunos vencimientos pendientes de la deuda pública.

Saá y los suyos, también relevantes ex-miembros de la aristocracia justicialista aseguran que los 'Kirchners' planean hacer algo ilegal. Los hermanos han demandado al Estado Federal ante el Tribunal Supremo. Aseguran que los recursos de los que quieren disponer pertenecen a las provincias y que el Gobierno central no puede tomar esa decisión unilateralmente.



En el Banco Central del país se ha optado por la cautela. Sus portavoces no han querido hacer declaraciones sudamericano no ha querido hacer declaraciones públicas, aunque sí han reconocido ante las preguntas al respecto de Américaeconómica.com, que los servicios jurídicos internos de la autoridad monetaria y sus asesores estadounidenses estudian con cautela la viabilidad del préstamo solicitado por la presidenta.



El movimiento de Saá ha tenido eco en otros ámbitos, algunos partidos de la oposición de Argentina se han unido a la batalla. Según han asegurado a Américaeconómica.com desde la agrupación Coalición Cívica ayer mismo presentaron, junto a Propuesta Republicana y Unión Cívica Radical, un recurso de amparo ante el supremo argentino.



Todos tienen como objetivo evitar por la vía judicial que el Gobierno acceda a ese capital del Banco Central argentino y agrupa a 20 de los 80 diputados que ocupan los asientos del senado argentino. Según han informado desde la Coalición Cívica a este diario, consideran la propuesta como inconstitucional ya que viola la imparcialidad fijada para el Banco Central.



De avanzar dichas acciones por la vía judicial, habría repercusiones para la economía argentina, ya que el gobierno de Cristina Fernández había previsto esta solución para solucionar los problemas fiscales causados por el aumento de gasto público. Además esta partida de 6.600 millones ya se ha incluido en el Presupuesto nacional para 2010.



El propio ministro de Economía argentino, Amado Boudou, explicó en su momento que lo pretendido era crear el llamado Fondo del Bicentenario, que se pondría en marcha a partir del próximo 12 de enero. Ya cuando se dio a conocer el plan del Gobierno argentino, analistas locales apuntaron que la decisión se había tomado por decreto y no por ley.



Ahora, a menos de dos semanas de la fecha en la que el crédito debía hacerse efectivo, quien entre 1989 y 1993 fue presidente del Bloque Justicialista en el Senado Argentino, Alberto Rodríguez Saá, ha reclamado a la Corte Suprema que impugne el decreto 2010/09 en el que Cistina Fernández dispuso de las partidas del Banco Central.



A estos conflictos legislativos se suman otros con los que Cristina Fernández ha lidiado durante todo el año. Parece que hasta las primarias de 2011 cualquier decisión que tome Cristina Fernández de Kirchner va a ser cuestionada por algún opositor. Uno de los últimos capítulos de quejas se ha referido a la asignación por hijos a desocupados y trabajadores informales decretada por el gobierno.



Tras el anuncio, diferentes miembros del partido justicialista argentino, se lanzaron ante las cámaras y micrófonos de los medios para atribuirse la decisión, al afirmar que había obligado al gobierno a cambiar la agenda. Además por parte del peronismo han criticado que el decreto no sea universal ya que excluye a los hijos de las familias con recursos para atender a sus hijos y no fue enviado al Congreso para su debate y aprobación.



Por otro lado médicos y profesionales de hospitales públicos hicieron un paro en 2009 en demanda de mayor presupuesto sanitario y mejoras salariales y laborales. Es la segunda ocasión en la que el sindicato médico convoca una huelga en lo que va de año. Esto significa que cada vez están surgiendo más sectores que levantan la voz contra los Kirchner.



El líder de Fesprosa, Jorge Yabkowski, ha afirmado que el gobierno proyecta disminuir en un 7,1 por ciento nominal el presupuesto nacional de salud, reduciéndolo de 6100 a 5600 millones de pesos. Yabkowski tradujo estas cifras como un descenso del 20 por ciento en términos reales y una caída en la participación de la salud en el presupuesto nacional del 0,4 por ciento. Explicó que así se pasa del 2,5 por ciento al 2,1 por ciento del total.



Yabkowski ha explicado que el parón es una medida de presión para que no se apruebe el recorte de 500 millones de pesos (algo más de 88 millones de euros) en el presupuesto nacional de Salud para 2010.

El dirigente sindical ha enumerado las otras demandas de los médicos argentinos. Estas peticiones son poner fin al trabajo en negro en el sector y la reapertura de las negociaciones en todas las provincias y municipios para llevar los salarios al valor de la canasta familiar, es decir al gasto real de los trabajadores.



Además, en el plano económico, los bancos más importantes a nivel internacional ya han presentado sus estimaciones para el 2010, en las que aseguran que si el Gobierno de Argentina no realiza una reforma en el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC) será muy improbable que logre normalizar sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional. La oposición del país ya ha anunciado a Americaeconomica.com que quieren acabar con la mala fama y la desconfianza de la institución. Desde que los Kirchner perdieron la mayoría en el Congreso esta posibilidad puede ser cada vez más viable.



Fuentes oficiales del partido de la oposición de Argentina Coalición Cívica han asegurado a este diario que buscan puntos de consenso con los otros opositores para lograr derrocar a los Kirchner. Y uno de los puntos en los que todos parecen estar de acuerdo es en la propuesta de arrebatarle al Ministerio de Economía argentino el poder de decisión sobre el INDEC e intentar que se convierta en un órgano independiente.



Un ejemplo más del duro panorama que espera a los Kirchner en su camino hacia la reedición de sus triunfos electorales que, antes, se detiene en la complicada prueba que puede suponer ganar las primarias justicialistas de 2011.
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