La iniciativa salió adelante con 157 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones tras más de once horas de debate.
El texto legislativo introduce cambios relevantes en la gestión de los recursos hídricos de alta montaña, en un contexto de fuerte controversia política, social y ambiental en el país.
La reforma otorga más poder a las provincias para decidir sobre zonas glaciares
Antes de la votación, el Gobierno logró apoyos clave de Pro, UCR y diputados vinculados a provincias mineras, lo que permitió sacar adelante la norma en la Cámara baja.
Claves de la reforma y su impacto
La nueva legislación modifica el régimen de protección de glaciares aprobado originalmente para preservar reservas estratégicas de agua. Entre los principales cambios destaca que serán las provincias con glaciares las que decidan qué zonas proteger, siempre bajo criterios técnicos.
Esto supone que las autoridades locales podrán priorizar actividades productivas, como la minería, en territorios donde nacen numerosos ríos del país.
La norma limita el alcance del inventario nacional de glaciares vigente desde 2018
Además, el texto reduce el alcance del inventario oficial al incluir únicamente aquellos cuerpos de hielo que cumplan funciones específicas como reserva hídrica, lo que deja fuera otras áreas anteriormente protegidas.
| Indicador clave | Dato |
|---|---|
| Votos a favor | 157 diputados |
| Votos en contra | 111 diputados |
| Abstenciones | 3 diputados |
| Glaciares en Argentina | 16.968 cuerpos de hielo |
| Superficie total | 8.484 km² |
| Provincias con glaciares | 12 de 24 |
Críticas por posible regresión ambiental
La reforma ha sido duramente cuestionada por organizaciones ambientalistas y partidos de la oposición, que consideran que la norma implica una regresión en materia ambiental y podría vulnerar la Constitución.
En concreto, señalan que el artículo 41 establece niveles mínimos de protección ambiental que no pueden ser reducidos por las provincias.
Expertos alertan de posibles conflictos legales y denuncias internacionales
Las críticas también han llegado al ámbito internacional. Cinco organizaciones han denunciado el proyecto ante el Parlamento Europeo al considerar que podría ser incompatible con compromisos ambientales del acuerdo entre la UE y Mercosur.
Movilizaciones y respuesta del Gobierno
La aprobación ha provocado protestas frente al Congreso y movilizaciones en provincias como Mendoza, donde la actividad minera es especialmente sensible.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, defienden la reforma al considerar que la normativa anterior generaba “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, según el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom.
El Gobierno defiende la reforma como impulso a la inversión minera
La ley llega en un contexto de fortalecimiento parlamentario del oficialismo tras las elecciones legislativas, en las que se consolidó como primera minoría en Diputados.
El cambio legislativo afecta a un país que alberga casi 17.000 glaciares, cuya superficie equivale a 41 veces la ciudad de Buenos Aires, un dato que subraya la magnitud del impacto potencial de esta reforma.
