El fallo judicial supone un nuevo revés para la estrategia del Gobierno argentino, que había intentado frenar la aplicación de la ley mediante un decreto. La decisión refuerza el papel del Congreso, que había aprobado y sostenido la norma con una mayoría reforzada.
La Cámara avala la decisión de primera instancia y refuerza la vigencia de la ley universitaria
La Justicia ratifica la obligación de aplicar la ley
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución del juez Martín Cormick, que en diciembre declaró inaplicable el decreto presidencial que suspendía la ejecución de la ley.
El tribunal de alzada ordena así al Poder Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de salarios docentes, becas estudiantiles y financiación de proyectos de investigación conforme a la inflación.
La sentencia responde a un recurso presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de 61 universidades públicas argentinas y otras instituciones académicas.
El tribunal subraya que la ley fue aprobada y ratificada por el Congreso pese al veto presidencial
El choque entre Ejecutivo y Legislativo
En su resolución, la Cámara recordó que la ley fue aprobada por el Congreso y posteriormente confirmada por dos tercios de los votos tras el veto del presidente, lo que refuerza su validez jurídica.
El tribunal también señaló que el propio Ejecutivo reconoció la vigencia de la norma al promulgarla, aunque intentó suspender su aplicación hasta definir las fuentes de financiación.
Este conflicto institucional se ha intensificado después de que el Gobierno enviara en febrero un nuevo proyecto legislativo, pese a que la norma vigente ya había sido ratificada por el Parlamento.
La financiación universitaria se convierte en uno de los principales focos de tensión política en Argentina
Impacto económico en las universidades
La Ley de Financiamiento Universitario garantizaba para 2025 una inversión equivalente al 0,14% del PIB, según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Sin embargo, el presupuesto aprobado para 2026 introduce recortes en términos reales debido a la inflación prevista, lo que agrava la situación del sistema educativo superior.
| Indicador clave | Dato |
|---|---|
| Inversión universitaria 2025 | 0,14% del PIB |
| Inflación prevista 2026 | 10,1% |
| Inflación acumulada primer bimestre 2026 | 5,8% |
| Caída real presupuesto 2026 | -3,5% |
| Pérdida real sistema 2025 vs 2024 | -9% |
| Caída acumulada desde inicio de gestión | Más del 30% |
El sistema universitario argentino arrastra así un deterioro sostenido, con una pérdida real superior al 30% desde el inicio de la actual administración.
La decisión judicial obliga ahora al Gobierno a revertir parte de esa situación y garantizar la financiación prevista por ley, en un contexto marcado por la presión inflacionaria y el ajuste presupuestario.
