El aviso llega tras la publicación de un informe en el que la ONG advierte de un endurecimiento normativo entre 2024 y 2025 en varios países de la región, con efectos directos sobre el funcionamiento de la sociedad civil.
La organización subraya que estas medidas no son aisladas, sino que forman parte de una tendencia regional que afecta al espacio cívico.
Amnistía Internacional denuncia que seis países han aprobado leyes que limitan el funcionamiento de organizaciones sociales entre 2024 y 2025
Países señalados por Amnistía Internacional
Amnistía Internacional identifica a Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela como los países donde se han aprobado o reformado normas que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Según el informe, estas leyes afectan a la capacidad de las organizaciones para operar, acceder a financiación y defender derechos humanos en sus respectivos países.
| País | Tipo de medidas denunciadas | Impacto principal |
|---|---|---|
| Ecuador | Reformas normativas restrictivas | Limitación operativa |
| El Salvador | Impuestos y restricciones financieras | Reducción de recursos |
| Nicaragua | Cierre de organizaciones | Desmantelamiento del tejido social |
| Paraguay | Estigmatización y control legal | Intimidación social |
| Perú | Riesgo de disolución por litigios | Restricción judicial |
| Venezuela | Requisitos opacos y control financiero | Obstáculos al trabajo humanitario |
Un patrón regional de restricción
La organización advierte de un “preocupante patrón regional” que refleja el avance de prácticas autoritarias. Según explica la directora para las Américas, Ana Piquer, estas leyes buscan “silenciar voces críticas y consolidar el poder”.
El análisis señala que en todos los países estudiados las normas fueron precedidas por campañas de estigmatización, en las que autoridades calificaron a las ONG como “enemigos internos”, “agentes extranjeros” o “antipatrias”.
Estas narrativas han generado, según Amnistía, desconfianza social, intimidación e incluso discursos discriminatorios, como en el caso de Paraguay.
Las leyes fueron precedidas por campañas que estigmatizan a las ONG y generan desconfianza social
Restricciones legales y financieras
El informe destaca que muchas de estas leyes incluyen definiciones ambiguas, como “orden público” o “actividad política”, que permiten su aplicación selectiva contra organizaciones críticas.
Además, las normativas imponen:
- Registros obligatorios y autorizaciones previas
- Exigencias burocráticas excesivas
- Restricciones a financiación internacional
- Obligación de divulgar datos sensibles de donantes y beneficiarios
En El Salvador, por ejemplo, se han aplicado impuestos considerados abusivos sobre financiación externa, mientras que en Venezuela los requisitos administrativos han dificultado el trabajo de organizaciones de derechos humanos.
| Tipo de restricción | Consecuencia directa |
|---|---|
| Control financiero | Reducción o cancelación de proyectos |
| Burocracia excesiva | Desvío de recursos |
| Publicación de datos | Riesgo para beneficiarios |
| Sanciones legales | Multas, cierres o confiscaciones |
El control del financiamiento y las sanciones legales son elementos clave en estas leyes restrictivas
Impacto en derechos humanos
Amnistía Internacional advierte de que el impacto de estas leyes trasciende a las organizaciones, ya que afecta directamente a las comunidades.
Según el informe, las restricciones provocan la pérdida de apoyo en ámbitos como:
- Documentación de abusos
- Acceso a la justicia
- Defensa de colectivos vulnerables
En algunos casos, las sanciones incluyen multas, congelación de cuentas, confiscación de bienes o incluso penas penales. En Perú, una organización puede ser disuelta por representar a víctimas en litigios contra el Estado, mientras que en Nicaragua estas medidas han derivado en cierres masivos de entidades.
La organización concluye que estas normativas vulneran obligaciones internacionales, reducen el espacio cívico y consolidan prácticas autoritarias.
“Proteger el derecho a organizarse es proteger el corazón mismo de los derechos humanos”, ha señalado Ana Piquer.
