La propuesta, impulsada por el Ejecutivo de Nayib Bukele, llega en un contexto de endurecimiento penal y de continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado de forma reiterada por la Asamblea salvadoreña.
La reforma plantea tocar uno de los artículos más sensibles de la Constitución salvadoreña: el que veta las penas perpetuas
Qué cambia en la Constitución
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que la modificación propuesta afecta al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución. Ese precepto prohíbe actualmente “las penas perpetuas”, y el cambio añadiría una excepción para que la cadena perpetua “sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, según el texto presentado por el Ejecutivo.
La iniciativa no llega sola. El paquete remitido al Parlamento incluye además cambios en el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normas vinculadas a la política criminal del país, en línea con el endurecimiento legislativo que la Asamblea viene tramitando en materia de seguridad.
| Clave de la reforma | Contenido |
|---|---|
| Norma constitucional afectada | Artículo 27 |
| Situación actual | La Constitución prohíbe las penas perpetuas |
| Cambio propuesto | Permitir la cadena perpetua |
| Delitos incluidos | Homicidio, violación y terrorismo |
| Reformas asociadas | Código Penal, Ley Penal Juvenil y Ley contra Actos de Terrorismo |
El Ejecutivo vincula la iniciativa a su estrategia de seguridad y a la ofensiva legal contra las estructuras criminales
El argumento del Gobierno de Bukele
Villatoro defendió la reforma como una consecuencia del modelo de seguridad desplegado bajo el régimen de excepción. El ministro sostuvo que el Estado ha tenido que responder a “organizaciones criminales” y justificó el uso de herramientas penales más duras para garantizar la seguridad de la población, en un discurso alineado con la narrativa oficial de guerra frontal contra las pandillas y el crimen violento.
En ese marco, el Gobierno sostiene que el país no sólo debe impedir la actuación de terroristas, sino también evitar que homicidas y violadores vuelvan a convivir en las comunidades tras cumplir condena. La reforma busca, por tanto, elevar al máximo castigo penal posible la respuesta del Estado frente a esos delitos.
Bukele ha convertido la seguridad en el principal eje político de su mandato y la reforma refuerza ese mensaje
Presión política sobre la Asamblea
El propio Bukele respaldó públicamente la iniciativa en redes sociales y planteó la votación como una prueba política para los diputados, al señalar que quedará visible quién respalda la reforma y quién mantiene la prohibición constitucional de la prisión perpetua para asesinos y violadores.
Ese mensaje eleva la presión sobre una Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, que ya ha aprobado en los últimos años reformas de gran alcance en materia penal, judicial y constitucional. En 2025, además, el Parlamento ratificó cambios que facilitaron reformar la Constitución dentro de una misma legislatura, lo que amplió la capacidad de maniobra del bloque gobernante.
| Contexto político y penal | Situación |
|---|---|
| Régimen de excepción | Vigente desde marzo de 2022 |
| Mayoría oficialista en la Asamblea | Sí |
| Tendencia legislativa | Endurecimiento penal y reformas constitucionales |
| Objetivo declarado del Gobierno | Reforzar la seguridad y castigar con más dureza delitos graves |
La iniciativa abre un nuevo paso en la expansión del marco penal salvadoreño
Un paso más en el endurecimiento penal
La propuesta de cadena perpetua se conoce apenas semanas después de que desde el Gobierno se defendiera también la viabilidad de penas de prisión de muy larga duración para pandilleros, pese a la prohibición constitucional histórica de la cárcel perpetua. Esa secuencia muestra que el Ejecutivo busca consolidar jurídicamente un sistema penal mucho más severo que el vigente antes del estado de excepción.
Con esta reforma, El Salvador abre un nuevo frente legislativo en una etapa en la que la seguridad sigue marcando la agenda política del país y en la que el oficialismo mantiene capacidad suficiente para empujar cambios de alto impacto institucional.
