La investigación de Noticias Caracol, basada en dispositivos incautados en 2024, situó en el foco la magnitud de la infiltración atribuida a la estructura de Calarcá, reabriendo el debate sobre la solidez institucional y la capacidad del Gobierno para gestionar crisis de alto impacto político.
El caso menciona a dos altos funcionarios en comunicaciones internas de la disidencia
Los archivos incautados —cartas, fotografías, listados y cadenas de mensajes— mencionan al general retirado Juan Miguel Huertas, reincorporado al Ejército en 2025, y a Wilmer Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia, en supuestas gestiones para facilitar la movilidad de estructuras armadas y respaldar la creación de una empresa de seguridad vinculada a combatientes del grupo.
Reacción institucional: suspensiones y nuevas investigaciones
La Procuraduría ordenó la suspensión provisional de Huertas y Mejía, mientras que la Fiscalía abrió nuevas líneas de investigación y el Ministerio de Defensa inició revisiones internas para determinar responsabilidades.
El caso se ha extendido a distintas entidades del Estado ante posibles fallas de control
No obstante, el foco político se ha desplazado hacia la respuesta del presidente Gustavo Petro, señalada por analistas como parte de un patrón que privilegia la lealtad interna sobre la depuración de responsabilidades y la transparencia.
Una respuesta política marcada por la defensiva
Según el politólogo Alejandro Chala, entrevistado por la Agencia Sputnik, Petro ha elaborado hasta seis hipótesis distintas para explicar la filtración, desde supuestas manipulaciones hasta cuestionamientos sobre la temporalidad del retiro de Huertas. Para el experto, esta multiplicidad refleja incertidumbre y un afán por proteger a figuras cercanas.
La crisis de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ocurrida meses atrás, sirve como referencia: en ese momento, el mandatario defendió a altos funcionarios cuestionados, lo que generó desgaste político y reforzó la percepción de un Gobierno reactivo.
Confrontación creciente con los medios de comunicación
El presidente ha interpretado los reportes sobre el caso como ataques directos a la legitimidad de su Gobierno, ubicando a los medios de comunicación como actores centrales en un relato de confrontación.
La tensión con la prensa condiciona la percepción pública del Ejecutivo
Este enfoque, según Chala, genera un repliegue político que dificulta la toma de decisiones y alimenta una dinámica de sospecha que limita la eficacia institucional.
Implicaciones institucionales de largo alcance
La gravedad del caso no se limita a los nombres mencionados. Los documentos incautados sugieren contactos en batallones del Ejército, rutas libres de control y gestiones operativas que, de confirmarse, comprometerían la autonomía y la integridad de los organismos encargados de combatir a los grupos armados.
El alcance real de la infiltración sigue siendo investigado por órganos de control
A juicio del experto, la reacción del Ejecutivo —centrada en negar autenticidad, plantear hipótesis alternativas y acusar conspiraciones— impide una respuesta institucional coherente ante la magnitud de la crisis.
Un caso abierto con impacto político en evolución
Mientras la Fiscalía, la Procuraduría y los organismos de inteligencia avanzan en sus indagaciones, el denominado “caso Calarcá” continúa abriendo interrogantes sobre la capacidad del Gobierno de Petro para administrar su impacto político y garantizar transparencia en un momento clave para la Paz Total.
