Los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin avalaron admitir la denuncia, configurando la mayoría necesaria para que avance el proceso penal. El instructor, Moraes, describe una “estrategia continuada de amenazas graves” vinculada directamente a la obtención de sanciones del Gobierno de Donald Trump.
El STF concluye que las presiones de Eduardo Bolsonaro sí generaron represalias tangibles desde EEUU
El STF respalda la acusación por coacción en el curso del proceso
La Fiscalía argumenta que Eduardo Bolsonaro empleó amenazas y una campaña de intimidación para interferir en el juicio que acabó con la condena de su padre a 27 años de cárcel. De acuerdo con la denuncia, el diputado articuló desde territorio estadounidense la imposición de sanciones contra miembros del Poder Judicial brasileño, incluida la suspensión de visados y la aplicación de la Ley Magnitsky.
Según el voto de Moraes, Bolsonaro “insistió en la estrategia de amenazar a los jueces de la Corte”, alardeando de posibles represalias económicas y diplomáticas que finalmente se materializaron. El magistrado recordó que las medidas promovidas desde Washington supusieron un bloqueo económico contra él y otros integrantes del Supremo.
Las sanciones impulsadas por la Casa Blanca incluyeron restricciones económicas y aranceles adicionales a Brasil
Sanciones de EEUU y presiones bilaterales coordinadas
Durante la administración de Donald Trump, EEUU suspendió los visados de diversas autoridades brasileñas y aplicó sanciones económicas contra Moraes. Además, impuso aranceles del 50% a productos brasileños, decisión que el propio Trump vinculó con su descontento por el proceso contra Bolsonaro padre.
La Fiscalía asegura que tales medidas formaron parte de un intento deliberado de crear un clima de temor e inestabilidad institucional, con el objetivo de condicionar el avance del juicio relacionado con el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
La acusación sostiene que el objetivo era aislar a Brasil y frenar condenas vinculadas al asalto a la democracia
La implicación de Paulo Figueiredo en la red de presiones
La denuncia también alcanza al aliado del diputado, Paulo Figueiredo, que reside con él en EEUU desde marzo. Ambos —según el Ministerio Público— trabajaron para proyectar represalias extranjeras contra autoridades brasileñas y para aislar diplomáticamente al país en un momento crítico del proceso judicial.
El delito de coacción en el curso del proceso, recogido en el Código Penal brasileño, contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión cuando se emplea violencia o amenaza grave para favorecer intereses propios o ajenos dentro de un procedimiento judicial.
Principales decisiones y efectos de las presiones denunciadas
| Medida | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Suspensión de visados | Restricciones de entrada a EEUU a autoridades brasileñas | Presión diplomática directa |
| Ley Magnitsky | Sanciones económicas contra Alexandre de Moraes | Bloqueo financiero |
| Aranceles del 50% | Incremento de tarifas a productos brasileños | Daño comercial y señal política |
| Campaña en EEUU | Presiones coordinadas por Bolsonaro y Figueiredo | Aumento del clima de temor |
El proceso avanza hacia una fase decisiva que situará a Bolsonaro hijo ante la Justicia brasileña
Con la admisión de la denuncia, el STF abre una fase clave que someterá a Eduardo Bolsonaro al escrutinio penal por uno de los episodios más tensos de la relación entre Brasil y EEUU en los últimos años, marcado por presiones diplomáticas y sanciones que siguen generando efectos políticos.
