Justicia

Bolsonaro condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento d

Sentencia sin precedentes del Supremo brasileño refuerza el Estado de derecho tras los comicios de 2022.

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha impuesto a Jair Bolsonaro una condena de 27 años y 3 meses de prisión en régimen inicialmente cerrado por su participación en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Se convierte en el primer expresidente del país condenado por amenazar directamente la democracia y las instituciones estatales.

Bolsonaro fue hallado culpable de cinco delitos: intento de golpe de Estado, organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño calificado por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio protegido. Se le aplicó una pena total de 27 años y 3 meses de prisión, más 124 días-multa equivalentes a dos salarios mínimos cada día multa. Debido a su edad (más de 70 años), recibió una reducción prevista por ley.

La condena deja claro que ningún líder puede usar estructuras estatales para subvertir los resultados electorales ni prolongarse en el poder

Jueces, votación y disidencia

La Primera Sala del STF decidió la condena por cuatro votos a favor y uno en contra. Alexandre de Moraes actuó como relator del caso, y lo respaldaron Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin; el voto discrepante fue de Luiz Fux, quien solicitó la absolución de Bolsonaro en algunos cargos.

Condenas 
Acusado Cargo relevante Pena de prisión
Jair Bolsonaro Expresidente 27 años y 3 meses
Walter Braga Netto Militar / exministro 26 años
Anderson Torres Exministro de Justicia 24 años
Almir Garnier Santos Militar 24 años
Augusto Heleno Exmiembro del gobierno 21 años
Paulo Sérgio Nogueira Exministro de Defensa 19 años
Alexandre Ramagem Exfuncionario cercano 16 años, 1 mes y 15 días
Mauro Cid Exayudante de órdenes, colaborador 2 años en régimen abierto

Reacción política y efectos institucionales

La defensa de Bolsonaro expresó profunda discordancia con la resolución, calificándola de excesiva e injusta, y anunció que presentará todos los recursos legales permitidos, incluso internacionales. Además de cumplir pena en prisión, los condenados perderán el derecho a ejercer cargos públicos por ocho años tras cumplir sus sentencias.

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