El decreto 97/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece el inicio del proceso de desestatización de Corredores Viales, una de las empresas públicas más grandes del país. El Ministerio de Economía será el encargado de licitar los tramos viales en un plazo máximo de doce meses, como paso previo a la disolución definitiva de la firma. El Gobierno defiende la medida como clave para reducir el gasto público y modernizar la infraestructura a través de la inversión privada.
Un modelo de concesión con impacto fiscal
La decisión se apoya en los números rojos acumulados por la compañía. En 2023, Corredores Viales cerró con pérdidas por más de 142.000 millones de pesos y recibió transferencias del Tesoro por 301.000 millones. En total, el déficit acumulado superó los 268.000 millones.
El Ejecutivo asegura que las concesiones por peaje garantizarán la sustentabilidad financiera del sistema vial, trasladando al sector privado la responsabilidad de invertir en obras y mantenimiento
| Año | Pérdidas (millones de pesos) | Transferencias del Tesoro (millones de pesos) |
|---|---|---|
| 2022 | 126.000 | 280.000 |
| 2023 | 142.000 | 301.000 |
Condiciones de las rutas y próximos pasos
Actualmente, Corredores Viales gestiona diez tramos que suman casi 6.000 kilómetros en 13 provincias. Cerca del 45% de los caminos presenta un estado deficiente, lo que refuerza la urgencia de inversión.
El Ministerio de Economía tendrá la responsabilidad de convocar a licitación nacional e internacional. Una vez adjudicadas las concesiones, se procederá a la liquidación de la empresa estatal.
El Gobierno sostiene que la privatización permitirá mejorar la calidad de las rutas y atraer capital extranjero en un sector clave para la competitividad de la economía argentina.
Privatizaciones en cadena
La liquidación de Corredores Viales se suma a otras operaciones recientes. En enero de 2025 se concretó la venta de Impsa, histórica empresa metalúrgica que pasó a un consorcio estadounidense. Posteriormente, se privatizaron Enarsa e Intercargo, y en agosto se lanzó la venta del 90% de AySA.
Todas estas medidas fueron habilitadas por la Ley de Bases aprobada en junio de 2024, que otorga al Ejecutivo un amplio margen para privatizar empresas estatales en sectores estratégicos.
La estrategia confirma que la política de Milei apunta a un repliegue del Estado y a un papel central de los concesionarios privados en áreas clave de la economía
Con la privatización de Corredores Viales, el Gobierno argentino acelera su plan de desestatización y apuesta a transformar la infraestructura vial en un negocio de gestión privada. Mientras el Ejecutivo resalta el ahorro fiscal y la mejora en la conectividad, crecen las dudas sobre el impacto de los nuevos peajes y sobre la capacidad de control estatal en un servicio esencial.
