Las tensiones entre el Gobierno de Ecuador y la Corte Constitucional escalaron esta semana tras la decisión del alto tribunal de suspender de manera provisional una parte sustancial de las leyes impulsadas por Daniel Noboa. El mandatario ha reaccionado con un llamado a la movilización, en un gesto que organizaciones internacionales ven como una amenaza al equilibrio democrático y a la independencia judicial. El escenario político se recalienta en vísperas de un nuevo pulso en las calles.
Choque frontal entre Noboa y la Corte Constitucional
Daniel Noboa, en un acto celebrado en Guayas, acusó abiertamente a la Corte Constitucional de socavar las reformas de su Gobierno. «No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vengan y nos tiren abajo las leyes», afirmó con dureza. El presidente sostiene que la Carta Magna otorga el verdadero poder al pueblo y ha llamado a una marcha pacífica para el 12 de agosto frente a la sede del tribunal.
El detonante ha sido la suspensión provisional de 25 artículos de tres leyes recientemente aprobadas: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley Orgánica de Integridad Pública, pilares del proyecto legislativo de Noboa.
Noboa ha anunciado que él mismo encabezará la marcha «para hacer sentir el verdadero poder del pueblo»
Preocupación internacional por el respeto al Estado de derecho
La reacción del Ejecutivo no se limitó al discurso. Tras el fallo judicial, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, comparecieron ante los medios acompañados por militares y policías, en una imagen que ha sido duramente criticada por diversas organizaciones.
Desde Human Rights Watch, Juanita Goebertus advirtió del peligro de “ataques” a una institución clave para el equilibrio democrático. “La Corte Constitucional debe actuar con independencia y sin presiones. Las autoridades deben respetar y garantizar su labor”, subrayó.
La ONG, junto a otras plataformas nacionales, ha denunciado que las leyes suspendidas podrían suponer una vulneración de derechos fundamentales, motivo por el cual recurrieron a la justicia.
La Corte suspendió artículos que podrían afectar libertades básicas, según denuncian diversas organizaciones civiles
El trasfondo político: poder, seguridad y límites legales
Las leyes ahora bajo revisión habían sido presentadas como herramientas clave para fortalecer la seguridad, combatir el crimen organizado y garantizar la integridad de las instituciones. Sin embargo, su contenido generó fuertes cuestionamientos por posibles excesos del poder ejecutivo en áreas sensibles como la vigilancia ciudadana, el control de organizaciones sociales o la gestión de recursos en situaciones de emergencia.
Noboa insiste en que los cambios son necesarios para “dar seguridad a cada uno de ustedes”, y acusa a la Corte de frenar avances indispensables para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa el país.
