Las tensiones entre el Gobierno peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han escalado en los últimos días tras la aprobación de una ley de amnistía para militares y policías implicados en delitos durante el conflicto armado interno. En respuesta a la intervención del tribunal internacional, el Ejecutivo de Dina Boluarte ha anunciado que evalúa seriamente abandonar el Pacto de San José, uno de los pilares del sistema interamericano de derechos humanos.
El Gobierno considera que la Corte IDH atenta contra la soberanía de Perú al intervenir en decisiones judiciales y legislativas del país
Gobierno acelera el proceso para salir de la Corte IDH
El canciller peruano, Elmer Schialer, afirmó este viernes que el Gobierno tomará la decisión de retiro del Pacto de San José “a marcha forzada”, señalando que el proceso se hará “muy, muy rápido”. Esta postura marca un giro en la política exterior peruana y una posible ruptura con el sistema interamericano de derechos humanos.
Perú conformará una comisión mixta integrada por representantes del Ministerio de Justicia y la Cancillería para evaluar los aspectos legales, políticos y diplomáticos del eventual retiro.
Desde el Ejecutivo consideran que la Corte IDH interfiere en la soberanía nacional, particularmente en materias sensibles como la legislación interna, la seguridad nacional y la administración de justicia.
Dina Boluarte rechazó abiertamente la resolución de la Corte IDH y afirmó que su Gobierno no permitirá intromisiones extranjeras en asuntos internos
La ley de amnistía, el detonante del conflicto
El enfrentamiento con la Corte IDH se agudizó tras la aprobación de una ley que otorga amnistía a policías y militares involucrados en delitos graves durante el conflicto armado interno (1980-2000). La presidenta Dina Boluarte ha sido tajante: no permitirá la injerencia de organismos internacionales en esta decisión.
La Corte IDH solicitó el pasado 24 de julio que Perú suspendiera el trámite de la ley, advirtiendo que podría vulnerar el derecho de las víctimas a la justicia. Esta resolución fue interpretada por el Gobierno como un acto de extralimitación.
Consulta social y evaluación política
A pesar del aceleramiento del proceso, el canciller Schialer aseguró que se consultará a la sociedad civil, la academia y colegios profesionales antes de que la comisión inicie su trabajo formal.
El ministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, confirmó que el resultado de esta evaluación se conocerá durante la administración actual: “Los resultados de la comisión se darán en este Gobierno”.
Un conflicto con ecos del pasado
Durante el conflicto armado interno, el Estado peruano enfrentó a los grupos insurgentes Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Muchos de los crímenes cometidos por fuerzas estatales en ese periodo fueron juzgados gracias a sentencias de la Corte IDH.
