«La pena de muerte es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida democrática, y no tan democrática, pero que siempre aparece como parte de medidas populistas e inmediatas que se sacan de debajo de la manga frente a un clima social desbordado», dijo Dador, a propósito del regreso del tema a la actualidad de esta nación andina.
En diciembre pasado, la presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a los estamentos del Estado para contemplar la posibilidad de instaurar la pena de muerte para violadores de menores.
Tal llamado sobrevino tras la violación y posterior asesinato de una menor en Lima, aunque amplios sectores políticos y ciudadanos acusaron a la mandataria de invocar este debate como una maniobra de distracción ante la grave crisis de inseguridad ciudadana que vive el país y que su administración no logra controlar.
En este contexto, el Ministerio de Justicia desarrolla desde diciembre pasado una serie de asambleas en diversos departamentos del país para recoger las opiniones de autoridades y organizaciones civiles en torno a la instauración de la pena de muerte para delitos graves.
CASTIGO Y DERECHOS HUMANOS
En Perú, la pena de muerte existe en pocos casos y bajo condiciones establecidas en el artículo 140 de la Constitución, como «el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo«, conforme a las leyes y a los tratados suscritos por este país.
Al respecto, Dador considera que la pena de muerte en Perú no existe «de facto«, y que su implementación para castigar delitos graves como la violación, la extorsión o el sicariato es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
«El debate sobre la pena de muerte es parte de un conjunto de medidas que no son respetuosas de los estándares internacionales de los derechos humanos ni de nuestras propias leyes constitucionales. En el Perú, las penas que imparte la justicia deben tener la finalidad de resocializar y reeducar a las personas que han incurrido en delitos«, dice Dador.
Por otro lado, la directiva de Cnddhh señala que los objetivos de las penas que impone la justicia son inaplicables en el actual estado del sistema penitenciario peruano, el cual fue calificado en 2020 por el Tribunal Constitucional (TC) como «inconstitucional«.
En aquel año, el TC declaró «la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto del hacinamiento de los penales y las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura y servicios básicos a nivel nacional«.
SALIR DEL PACTO
Por otro lado, dentro del debate de la pena de muerte, siempre aparece la discusión sobre la posibilidad de que Perú se retire del Pacto de San José, también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dicho pacto, cuyo objetivo es la protección y promoción de los derechos humanos en América, se opone a la pena de muerte y promueve su abolición en los países donde existía antes de adherirse.
De hecho, antes y después de que Boluarte pusiera el debate sobre la mesa, diversos políticos sugirieron que Perú debería retirarse del Pacto de San José, propuesta recurrente en los tiempos políticamente más agitados.
Considerando que el Gobierno ha realizado asambleas de debate, cuyos resultados presentará a fines de marzo, crecen las expectativas sobre una eventual denuncia del Pacto de San José, y la consiguiente instauración de la pena de muerte.
«Existen posibilidades de que Perú salga del Pacto de San José en el sentido de que es un proceso que inicia el Ejecutivo (…) y hemos visto cómo este Gobierno de turno puede desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces si no cumple las sentencias de la corte, no le sería tan difícil iniciar un proceso de denuncia del pacto«, señala al respecto Dador.
Asimismo, apunta que el Gobierno podría impulsar una salida del Pacto de San José «para garantizar su propia impunidad«, pues varios funcionarios, incluida la presidenta Boluarte, están siendo investigados por graves violaciones a los derechos humanos.
Tales violaciones tienen que ver principalmente con la muerte de 49 civiles a manos de las fuerzas del orden durante la represión de las protestas contra el Gobierno y el Congreso, ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Los participantes en dichas manifestaciones, especialmente de la zona sur andina de Perú, exigían la salida de Boluarte y los miembros del actual Congreso a través del adelanto de elecciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló en un informe publicado en mayo de 2023 que las fuerzas de seguridad hicieron un uso «desproporcionado, indiscriminado y letal» de la fuerza contra los manifestantes, además de señalar la existencia de «graves violaciones de los derechos humanos» que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
