De esta forma, tal y como se recoge en el Boletín Oficial de Argentina, el Ejecutivo ha establecido la continuidad de la vigencia de los cuadros de precios y tarifas para los servicios de transporte público automotor y ferroviario de jurisdicción nacional que estuvieran vigentes a fecha del 1 de agosto de 2023.
La tarifa mínima del servicio de bus mantendrá un precio de 52,96 pesos argentinos (0,14 euros), mientras que la máxima será de 72,61 pesos argentinos (0,19 euros). Por su parte, la tarifa del tren se situará de nuevo entre 25,72 pesos argentinos (0,06 euros) y 52,95 pesos (0,14 euros), en función de la línea que se utilice.
Asimismo, el ministerio ha ordenado la creación de mesas de trabajo con las cámaras empresarias representativas del sector del bus y con los operadores de los servicios ferroviarios para realizar un seguimiento de los costes de operación.
El objetivo de estas mesas es considerar el impacto que tiene cada parte de la estructura de costes en la tarifa del transporte, independientemente de la inflación, por la cual se actualiza el cuadro tarifario actualmente. Así, por ejemplo, se analizará el impacto que tiene el congelamiento de ciertos precios, como el combustible, en la tarifa.
El Gobierno ha señalado que en todo momento se mueve con el fin de garantizar cierta «razonabilidad» en el establecimiento de unas tarifas ferroviarias y de buses que no supongan un gran impacto en la capacidad salarial de los usuarios.
Esta medida se mantendrá hasta que se formule una revisión integral del sistema. La presión inflacionaria que atraviesa el país, y que está obligando al Gobierno a llevar a cabo este tipo de iniciativas coincide con la celebración de las elecciones presidenciales el próximo octubre, lo que está dificultando el manejo económico del país.
Precisamente, el ministro de Economía, Sergio Massa, es uno de los candidatos con opciones a ser el futuro presidente del Gobierno. Por este motivo, en las últimas semanas se han tomado algunas medidas para paliar los efectos de la inflación, que podría elevarse al 10% mensual, y prevenir una situación peor al menos hasta el mes de octubre, cuando se dilucide el resultado electoral.
