El escenario de conflictividad que se desató en diciembre frente al Gobierno de Dina Boluarte continúa siendo un impedimento para el desarrollo de la actividad en Perú, principalmente en las regiones del sur del país, donde se han cerrado carreteras y se viven problemas de abastecimiento.
Así, Moody’s ha estimado que estas protestas tendrán un efecto «negativo» sobre el crecimiento del PIB en el año 2023, al mismo que lastrarán las perspectivas de crecimiento a medio plazo. Esta evolución de la situación macroeconómica podría traer mayor conflictividad social y política y, en consecuencia, se socavará la confianza de los inversores en la economía peruana.
No obstante, la calificación crediticia, que se mantiene en ‘Baa1’, está todavía «respaldada» por el historial de «estabilidad» macroeconómica de Perú y por contar con un marco fiscal «creíble».
«La amplia fortaleza fiscal de la calificación soberana ayuda a mitigar las preocupaciones sobre el débil crecimiento económico derivado de la volatilidad del entorno político que pesa sobre la confianza y el interés de los inversores en Perú», ha asegurado Moody’s.
SOLUCIÓN DE ESTABILIDAD O MAYOR INCERTIDUMBRE
La perspectiva negativa podría cambiarse a estable si disminuye el malestar social con una solución política y social «aparentemente duradera», y no hay indicios de un deterioro material de la situación económica.
Por el contrario, la calificación crediticia de Perú podría reducirse en caso de continuar la inestabilidad social y la incertidumbre institucional y política. «La incertidumbre institucional derivada de un proceso constitucional lanzado con la intención de instigar una amplia revisión y modificación del modelo económico y del marco político debilitaría los fundamentos estructurales del perfil crediticio de Perú», ha expresado la agencia.
