En concreto, dicho proyecto considera que un activo virtual o criptomoneda es una representación digital de valor que puede negociarse o transferirse electrónicamente y utilizarse para realizar pagos tener fines de inversión. Por este motivo, el documento autoriza a los organismos e instituciones de la Administración Pública a realizar operaciones con criptodivisas.
Además, la Cámara ha fijado que un órgano deberá ejercer como regulador y establecer condiciones en un plazo máximo de seis meses para la adecuación a las normas del proyecto por parte de los prestadores de servicios de activos virtuales que se encuentren en actividad.
No obstante, como este proyecto ha salido directamente de la Cámara de Diputados, no fue posible mencionar explícitamente al Banco Central de Brasil como ente regulador.
NUEVAS SANCIONES
Asimismo, el texto aprobado añade al Código Penal un nuevo tipo penal de hurto, atribuyéndole prisión de 4 a 8 años y multa a quienes organicen, administren, ofrezcan o distribuyan carteras u operaciones intermedias sobre bienes virtuales con el objeto de obtener un provecho ilícito en perjuicio de otros, induciendo o manteniendo a alguien en el error, mediante artificio, ardid o cualquier otro medio fraudulento.
A su vez, las empresas deberán llevar un registro de las transacciones a los efectos de transmitir información a los órganos de inspección y combatir la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales.
Finalmente, se han aprobado medidas de prevención para actuar contra la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, en línea con los estándares internacionales.
