El motivo de esa respuesta es la conmoción social causada por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Cesar Mora, y del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, el lunes 20 de junio pasado en una iglesia católica de la Sierra Tarahumara, del estado de Chihuahua (noroeste)
Con prudencia y cautela, diversos sectores del catolicismo mexicano están «reflexionando y orando para encontrar el camino», para aportar soluciones ante la crisis de violencia indetenible que afecta a las comunidades.
Michael W. Chamberlin Ruiz, quien comenzó como activista en la década de 1980 en la Sierra Tarahumara, donde vivió cinco años en comunidades de la etnia raramuri, promoviendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas, relata en entrevista con la Agencia Sputnik la historia de este sector religioso comprometida con los procesos sociales.
«Es natural esperar que haya alguna iniciativa de carácter pacífica, que nos ayude a enfrentar la situación», dice el experimentado promotor de iniciativas en comunidades indígenas por la defensa de la tierra, en comunidades desplazadas del sur del país latinoamericano, en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, entre otros estados.
LOS PIONEROS
El experto, quien fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2017 a 2020, explica que «hace tres décadas hubo una explosión de organismos cristianos de base y pioneros».
Menciona el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria de la congregación de los Dominicos, y los jesuitas que fundan el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez».
«En los años 1980 hubo un surgimiento simultáneo de muchas pequeñas comisiones y comités pioneros defensores de derechos humanos», con respaldo de algunas diócesis católicas pioneras.
Ocurrió un proceso similar resultado de «una difícil reflexión y decisión deliberada de muchos obispos», que la expresión reconocida de la teología de la liberación en México.
Encabezados por el obispo Samuel Ruiz (1924-2011) dedicado al trabajo con indígenas de Chiapas (sureste); a esa generación de obispo se sumaron el padre José Llaguno (1925-1992) en la sierra Tarahumara (norte), Sergio Méndez Arceo (1907-1992) en Cuernavaca (sur), y Bartolomé Carrasco (1919-1999) en Oaxaca (sur), y Arturo Lona en el istmo de Tehuantepec.
Esos jerarcas católicos estaban «enfocados sobre todo en la formación y capacitación en defensa de derechos humanos y de indígenas, con la apuesta de que la mejor manera de enfrentar la crisis de pobreza y de graves violaciones estaba en la organización pacífica de la gente», prosigue el antropólogo especializado en etnología.
De aquel proceso surgieron muchos movimientos sociales democráticos, y esa podría ser la apuesta de un sector avanzado de la Iglesia Católica, explica.
«Ya no hay tantos obispos como aquellos en estos momentos críticos, pero ahora siguen los jesuitas y un sector del episcopado mexicano toma la palabra, habría que ver hasta qué punto continúan, pero sobre todo son los cristianos que tienen obras sociales, los que pueden ser un sector que convoque a la sociedad», dice Chamberlin Ruiz.
Observa que puede haber confluencia con otros actores, por ejemplo, con los colectivos de víctimas», como las madres buscadoras de desaparecidos.
PEREGRINAR DESDE LA SIERRA TARAHUMARA
Esa experiencia encabezada por algunos jesuitas en la sierra Tarahumara «surgió para observar las causas de las ejecuciones del Ejército en la llamada Operación Cóndor», lanzada para erradicar cultivos de drogas en el llamado Triángulo Dorado, la agreste zona que forman los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Todas estas organizaciones cumplen más de tres décadas , de un trabajo de pastoral social en una crisis de estado de derecho y descomposición enorme por la presencia de grupos criminales explosión y ausencia del Estado.
Hasta la fecha ha crecido la organización indígena, como los movimientos para producción y defensa de la tierra, que se levantan ante los intereses que impulsan obras de infraestructura como aeropuerto y otros desarrollos turísticos que excluyen a las comunidades.
«Cuando viví en la Sierra Tarahumara era muy difícil que la gente se organizara y confiara en los catequistas en el proceso, pero después de un tiempo se han desarrollado con identidad propia», recuerda el promotor de organismos civiles.
Para construir una agenda ciudadana «es tiempo de un proceso que surge desde la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (2006-2012) hasta ahora», pasando por el Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia, liderado por el poeta Javier Sicilia, recuerda.
Las demandas que lo articulan son las mismas, «pero algo que no hemos cuestionado y está en el fondo del problema de la criminalidad, la corrupción y la impunidad, es la función de la democracia, no solo en términos de la participación -que ya existe-, sino denunciando cómo los partidos políticos hegemónicos en el poder público permiten la colusión con delincuentes y la violencia que sufrimos», advierte.
Este proceso está vinculado a la falta de rendición de cuentas de los partidos, de las autoridades elegidas, y a «la falta de transparencia de los políticos que capitulan de su responsabilidades y terminan vinculados con poderes fácticos, empresas privadas y hasta grupos criminales», puntualiza.
