Ni siquiera la espectacularidad de los proyectos futuristas que anuncia el presidente Nayib Bukele convence del todo a una población demasiado agobiada por la inflación y frustrada con el vaivén de la criptomoneda y el robo en sus Chivo Wallet.
Muchos usuarios denuncian en redes sociales irregularidades como la realización de transacciones no autorizadas a nombre de Chivo S.A. de C.V, la empresa que desarrolla la aplicación, y que por ser privada no está obligada a ciertas rendiciones de cuentas.
Según tales denuncias públicas, casi todas acompañadas por capturas de pantalla, los fondos en bitcóin desaparecidos de la mencionada billetera van desde los 100 hasta los 16.000 dólares, sin que las autoridades se pronuncien sobre el problema.
Este es apenas un nuevo problema asociado al bitcóin, que comenzó a circular como moneda de curso legal en El Salvador el pasado 7 de septiembre, pues desde sus inicios se sucedieron las denuncias de robo de identidad y datos.
A su vez, esto propició una avalancha de estafas digitales, y de ‘bots’ que ofrecen una falsa atención al cliente, y que mediante enlaces a formularios o sitios web falsos buscan robar los datos de los usuarios o, directamente, acceder a sus monederos electrónicos.
CORTINA DE HUMO
«Hey maje (amigo), esto es pura paja» (expresión salvadoreña que significa ‘cortina de humo’ o ‘mentira’), comenta a la Agencia Sputnik un parroquiano que observa en un concurrido centro comercial la soledad de un cajero Chivo y el asesor a su cargo, jóvenes con más disposición que gente para ayudar.
Distribuidos por todo el país, y con un costo estimado de instalación cercano al cuarto de millón de dólares, estos cajeros aspiran a facilitarle la vida a los salvadoreños, sobre todo en lo tocante al envío y cobro de remesas sin pagar comisiones.
Para convencer a una nación donde el 70 por ciento de la población carece de servicios financieros o bancos tradicionales, la administración Bukele pagó un bono de 30 dólares a quienes se instalaron Chivo Wallet (y, a la vez, entregaron todos sus datos biométricos).
Tuitero sagaz e irreverente, Bukele ha sabido vender su proyecto, que algunos veneran como visionario y futuritsa, y otros como una superproducción insostenible, con la que se enriquecerán unos pocos a costa del erario público y el dinero ajeno.
Por lo pronto, Bukele resalta las compras que hace el Ejecutivo cuando el bitcóin está a la baja, con la idea de recuperar con creces esta inversión cuando la criptomoneda vuelva a subir, estrategia que parece lógica, pero tampoco está libre de polémica.
De entrada, el Gobierno no informa cómo paga y dónde guarda los 1.400 bitcoins que ha adquirido desde la legalización de esta criptodivisa, lo cual rompe el mandamiento de transparencia y libertad que proclaman los defensores de esta práctica.
«Se tomaron fondos de la nación, de manera inconsulta, para algo que no ha dado los resultados que nos prometieron: el desempleo sigue, la migración aumenta, no vemos un cambio real», aseguró un comunicador que se identificó como Guillermo.
Especializado en temas de ciencias, Guillermo explicó a la Agencia Sputnik que muchos no quieren opinar sobre este tipo de asuntos por temor a represalias institucionales, pero estima que en general predomina el escepticismo y la desconfianza.
«¿Cuánto más tendrán que esperar los salvadoreños para ver los supuestos beneficios de esta iniciativa?», se preguntó el entrevistado, para quien todo no es más que un gigantesco despliegue propagandístico.
Como él, la activista Sofía prefirió no dar su nombre real, pero coincide en que el salvadoreño de a pie no percibe las mejoras, ve la vida más cara, la inseguridad igual o peor, y la educación sin mejorar.
«Siendo muy pragmática, el bitcóin no es una panacea, no es la solución al problema, ni siquiera llega a paliativo», declaró la joven.
BITCOIN CITY
A todas estas, en noviembre pasado el mandatario anunció la creación de Bitcoin City, una ciudad que funcionará exclusivamente con criptomoneda, alimentada con energía volcánica, sin impuestos a la renta, las ganancias o la propiedad.
Para ello, el país emitirá un bono por 1.000 millones de dólares a diez años con un cupón del 6,5 por ciento: la mitad de dicho monto será destinado a comprar bitcoines, y el resto a desarrollar una infraestructura alucinante, al menos en su maqueta.
El ministro salvadoreño de Hacienda, Alejandro Zelaya, adelantó en reciente rueda de prensa que la emisión de bonos bitcóin podría ser entre febrero y marzo de este año, con la esperanza de que esta estrategia tenga éxito.
Por lo pronto, Zelaya adelantó que Hacienda prepara la presentación de 20 proyectos de ley para dotar de un marco legal a los mencionados bonos, los cuales serían aprobados sin problemas por la Asamblea Legislativa (Parlamento) de mayoría oficialista.
Para atraer dinero, el Gobierno ha puesto incluso recursos estatales en función de inversionistas como Max Keiser, director de la plataforma Blockstream, quien viajó en un helicóptero de la Fuerza Armada a la zona donde sería erigida Bitcoin City.
¿BUEN NEGOCIO?
El Gobierno necesita que esto le funcione, pues de momento, todo indica que ha perdido unos 11 millones de dólares desde que emprendió la aventura del bitcóin, que empezó el año cotizándose a «apenas» 43.000 dólares.
En un reciente hilo en Twitter, el ‘bitcoiner’ y ‘youtuber’ estadounidense Marc Falzon calculó que el bitcóin necesitaría llegar a los 155.588 dólares para que El Salvador alcance, cuando menos, un equilibrio entre lo gastado y lo recuperado.
Falzon señala que, entre el dinero público usado para comprar bitcoines, y el fideicomiso creado por el oficialismo para garantizar la operatibilidad en el país, la administración Bukele ha gastado unos 205 millones de dólares.
Con la actual cotización, los bitcoines que posee el Gobierno de El Salvador valen solo 64 millones de dólares, o sea, apenas un tercio de lo invertido.
Tal especulación ya motivó manifestaciones populares contra la gestión de Bukele, y se espera que también el rechazo al bitcóin protagonice una protesta convocada para el próximo 16 de enero, trigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz.
