«Las elecciones del 7 de noviembre han tenido lugar sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad», ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en una contundente declaración en nombre de los Veintisiete.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del presidente de Nicaragua se ha hecho este domingo con cerca del 75 por ciento de los votos en las elecciones generales que la UE ya tachó de falsas dado el contexto de represión en el que se han celebrado.
Así las cosas, el bloque europeo acusa a Ortega de haber eliminado toda la competencia electoral y haber privado al pueblo nicaragüense del derecho de elegir libremente a sus representantes. «La integridad del proceso electoral fue aplastada por la encarcelación sistemática, la intimidación y el acoso de los precandidatos presidenciales, líderes rurales, estudiantes, opositores, periodistas, representantes de empresarios y defensores de Derechos Humanos», ha subrayado.
A juicio de la UE, el régimen nicaragüense no solo ha privado a la sociedad nicaraguense de unas elecciones transparentes, libres, creíbles e inclusivas sino que ha incumplido sus compromisos con las libertades fundamentales y Derechos Humanos consagrados en la Constitución del país.
La UE, que mantiene a 14 dirigentes nicaragüenses en su lista negra, defiende que hasta ahora ha optado por medidas concretas para sancionar a los responsables de la situación en Nicaragua, pero ha avisado con cambiar su perspectiva y tomar medidas más extensas.
«Con este espíritu, consideraremos todos los instrumentos a nuestra disposición para tomar medidas adicionales, incluyendo aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales. Pedimos a Daniel Ortega que devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense, sus legítimos dueños», ha recalcado la declaración de los Veintisiete sobre su respuesta a la deriva autoritaria de Ortega.
PONER FIN A LA REPRESIÓN
La UE recuerda su llamada a respetar los Derechos Humanos, la democracia y el Estado de Derecho en el país centroamericano y reitera su compromiso con el apoyo económico y social a los sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüense. En esta línea pide la liberación de los presos políticos y la anulación de las causas legales contra ellos.
Igualmente, reitera la petición al régimen de Ortega para que ponga fin a la represión y restaure el total respeto a los Derechos Humanos, incluyendo los derechos civiles y políticos. Reclama la vuelta al país de instituciones la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
