Lasso, que se había puesto a disposición del Parlamento para esclarecer cualquier duda al respecto, ha declinado presentarse este miércoles ante la Comisión de Garantías Constitucionales apenas unas horas antes de que estuviese prevista su comparecencia.
Según Lasso, «ni la Asamblea Nacional ni la comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas al incumplimiento de la ley», algo que ha expuesto en un texto remitido al presidente de dicho comité, José Fernando Cabascango, y en el que el mandatario básicamente viene a decir que no incurrió en ninguna ilegalidad.
Así, rechaza «cualquier insinuación» sobre irregularidades fiscales, tanto suyas a título personal como de sus empresas, e incluso dice que ha contribuido a las arcas públicas con más 588.000 dólares en impuestos. Lasso defiende que toda su renta procede de Ecuador, según el diario ecuatoriano ‘El Comercio’.
También niega que cuando se inscribió como candidato para las últimas elecciones presidenciales tuviese vínculo alguno con paraísos fiscales y, por tanto, cualquier relación con un banco panameño y dos fideicomisos estadounidenses mencionadas en los papeles.
Lasso, no obstante, defiende su voluntad de colaborar, alegando que ya ha pedido a la Contraloría General que inicie una investigación y que, llegado el caso, el expediente puede terminar en la Corte Constitucional. «Sólo» el pronunciamiento de este tribunal, añade, «servirá para que el pleno de la Asamblea adopte la decisión que corresponda conforme a la ley».
Al igual que Lasso, también han descartado comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales la primera dama, María de Lourdes Alcívar, y uno de los hijos del matrimonio, Santiago Lasso. En su caso, alegan que no son funcionarios públicos.
