De forma paralela, ha denunciado la toma de posesión de los jueces y magistrados sustitutos de los cesados, que ha tenido lugar durante el fin de semana y ha tildado de «inconstitucional». La juramentación ha tenido lugar a pesar de la suspensión de la aplicación de las reformas emitida como medida cautelar por un tribunal salvadoreño.
Ante la emisión de las medidas cautelares, Guzmán señaló que él continuaba en su cargo, así como el resto de funcionarios judiciales cesados. De forma paralela, indicó que se presentaría el lunes a trabajar, pero su sustituto ha tomado posesión durante el fin de semana.
«La corte (Corte Suprema de Justicia, CSJ) no tendría que haber nombrado jueces mientras estas medidas estuvieran vigentes (…) es una destitución», ha lamentado, según ha recogido ‘La Prensa Gráfica’.
Guzmán ha explicado que los nombramientos son inconstitucionales porque contradicen un artículo de la Constitución salvadoreña, que establece que la CSJ debe nombrar a los magistrados de las cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz de las ternas que proponga el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). En cambio, según ha denunciado, «se están haciendo nombramientos directos en contravención con la norma constitucional».
«Con esa bomba que se ha lanzado al órgano judicial se ha cometido una masacre», ha considerado y ha agregado que «se ha señalado de corruptos a jueces honestos» que han tenido que «salir por la puerta de atrás, agachados y desconcertados» ante lo ocurrido.
El Ejército de El Salvador ha llegado a bloquear a Guzmán el acceso a archivos relacionados con la matanza a pesar de un pronunciamiento de la Corte Suprema, que concluyó que la inspección de los archivos es legal y no perjudica a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
A este respecto, ha alertado de que es delicado que el nuevo juez para el caso de El Mozote esté «supeditado» al Ejecutivo de Nayib Bukele. «Hay una línea de querer favorecer a estas personas, militares que están siendo procesados», ha agregado.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluye que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.
