«El proyecto de reformas a la Ley de Comunicación defiende los derechos de información y comunicación, la libertad de expresión, de opinión y de prensa (…) Además, combina la autorregulación de los medios con medidas de regulación que hagan respetar esa normativa», dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en conferencia de prensa tras presentar el proyecto.
El proyecto fue elaborado por diferentes agrupaciones, incluidos medios de comunicación comunitarios, organizaciones sociales, gestores culturales y centros universitarios.
El dirigente de la mayor organización indígena de Ecuador agregó que la propuesta prohíbe toda forma de censura previa o limitación a la libertad de expresión, sin embargo, mantiene la responsabilidad ulterior por las expresiones que se emitan.
Según Iza, el proyecto se relaciona con varios objetivos de desarrollo sostenible declarados por las Naciones Unidas, especialmente el cuarto, que se refiere a la educación de calidad; asimismo se somete a los estándares internacionales sobre la materia.
Mientras tanto, el vocero del Frente Amplio por una Comunicación Democrática, Comunitaria y Ciudadana, Jorge Loachamín, informó que el proyecto conserva el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), aunque varía su estructura a través de la prevalencia de delegados de medios de comunicación y universidades mientras se disminuye la representación estatal.
Además, se incrementa del 34 al 44 por ciento la entrega de las frecuencias del espectro radioeléctrico a los medios comunitarios.
Para esta categoría de medios, se introduce la creación de un fondo permanente para la compra de equipos, producción de contenidos y capacitación profesional.
Igualmente, se incorpora la entrega de créditos preferentes, exención de impuestos para la importación de equipos, así como tarifas preferenciales en los servicios básicos.
La directora de carrera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, Cristina Benavides, explicó que el proyecto prohíbe la propiedad de los medios de comunicación, en forma directa o indirecta, por parte de organizaciones, compañías o empresas extranjeras.
También introduce la obligación por parte de los medios públicos, privados y comunitarios de expedir códigos deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional.
Con este cuerpo legal suman tres los proyectos de ley de comunicación entregados a la Asamblea Nacional.
Los otros proyectos fueron presentados por el presidente Guillermo Lasso, y por dos legisladores con el respaldo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).
La normativa que finalmente se apruebe reemplazará a la expedida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), considerada por diferentes sectores, tanto de Ecuador como del exterior, como atentatoria a la libertad de expresión.
