Igulamente ha sido imputado el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo tras una ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por el Gobierno argentino tras hallar pruebas al respecto.
«Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a Peña, Faurie y Pompeo», explica el fiscal, según recoge la agencia de noticias argentina Télam.
Los imputados habrían participado de la «organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero».
Los textos aportados sobre reuniones mantenidas dentro del Gobierno salpicarían incluso al propio expresidente Macri. «Fue Mauricio Macri, el expresidente de la nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando», sostiene la acusación.
«El contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia», añade.
El Gobierno argentino presentó a mediados de julio una denuncia contra Macri y otros cargo por el «envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional».
El ministro de Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció entonces que el Gobierno de Macri envió armas al país vecino y que se usaron durante las protestas de 2019 contra la salida de Evo Morales del poder. Según una carta del jefe de la Fuerza Armada de Bolivia, Jorge Gonzalo Terceros, al embajador de Argentina en la nación andina, Normando Álvarez, en la que «agradece la colaboración», Bolivia recibió 40.000 cartuchos y cerca de 150 granadas de gas, entre otros.
Según Mayta, después de que llegara este material a Bolivia, «se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata». Más de 25 personas fallecieron durante la represión de las protestas a favor del expresidente Morales en estas dos localidades, ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente, mientras que más de un centenar resultaron heridas. En un informe preliminar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya calificó la represión en ambas ciudades de «masacres».
