«No estimamos adecuada la presente discusión en el marco de la delicada situación que atraviesa el país, urgida por otras numerosas prioridades», señalaron en un comunicado este lunes.
En virtud de la reforma constitucional de 1994, los jueces deben reconfirmar su nombramiento por parte del presidente, con acuerdo del Senado, una vez cumplen los 75 años.
A tal efecto, los magistrados señalan que el plazo de vigencia del nombramiento «sólo encuentra el límite por edad previsto en el artículo 99, inciso 4°, párrafo 3º de la Constitución Nacional, y su férrea previsión se vincula directamente con el aseguramiento de la independencia del Poder Judicial».
En ese sentido, «resultaría contraproducente que un magistrado, quien debe resolver los casos con total independencia de espíritu, se lo someta a recibir presiones indebidas ante una eventual próxima renovación en su cargo», recalcaron.
La Asociación de jueces advirtió que solo el poder constituyente podría modificar esa disposición constitucional, el cual «sólo puede ser movilizado de la manera prevista en el artículo 30 de la Constitución Nacional y a instancias del Congreso de la Nación».
El art. 30 de la carta magna estipula que cualquier modificación constitucional debe ser declarada por el Congreso con el voto de al menos las dos terceras partes de sus integrantes.
Fernández propuso la «necesidad de generar un debate para discutir» el mandato de los jueces al encabezar el cierre del Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho el pasado sábado.
El mandatario aclaró que no estaba proponiendo impulsar esta cuestión en estos momentos, sino que lo planteaba para que se pudiera dar el debate.
El jefe de Estado también cuestionó que los jueces no sean elegidos por la ciudadanía.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios, creada en 1928, tiene representación en las 24 jurisdicciones del país e integra la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Unión Internacional de Magistrados.
