Según la información recogida por la agencia de noticias Télam, que cita fuentes oficiales, la DGA también ha abierto una segunda investigación sobre los procedimientos llevados a cabo por la autoridad aduanera durante el gobierno de Macri. Estas fuentes han detallado que las dos pesquisas abiertas «buscan aportar a la investigación judicial de los hechos».
El ministro de Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció el jueves que el Gobierno de Macri envió armas al país vecino que se usaron durante las protestas de 2019. Según una carta del jefe de la Fuerza Armada de Bolivia, Jorge Gonzalo Terceros, al embajador de Argentina en la nación andina, Normando Álvarez, en la que «agradece la colaboración», Bolivia recibió 40.000 cartuchos y cerca de 150 granadas de gas, entre otros.
Según Mayta, después de que llegara este material a Bolivia, «se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata». Más de 25 personas fallecieron durante la represión de las protestas a favor del expresidente Morales en estas dos localidades, ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente, mientras que más de un centenar resultaron heridas. En un informe preliminar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya calificó la represión en ambas ciudades de «masacres».
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó la salida de este material y remitió una carta al presidente de Bolivia, Luis Arce, en la que expresa su «dolor» y «vergüenza» por la «colaboración» del Gobierno de Macri y el de Áñez, que ha tildado de «fuerzas que perpetraron el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Evo Morales».
