Así, con 86 votos a favor, 41 en contra, un voto en blanco y 7 abstenciones, los diputados han dado luz verde a la denominada Ley de Defensa de la Dolarización a pesar del rechazo de algunos miembros del cuerpo legislativo.
Ahora el proyecto pasará a manos del presidente, Lenín Moreno, que deberá ratificar la ley o presentar las objeciones que considere pertinentes, según informaciones del diario ‘El Comercio’.
La creación de esta ley forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno de Ecuador con el FMI, que aprobó en septiembre un crédito a 27 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), por unos 6.500 millones de dólares.
El préstamo respalda la agenda de recortes sociales promovida por la Administración del presidente Moreno y que ha suscitado varias olas de protestas en el país latinoamericano.
Por su parte, el diputado Ronny Aleaga ha expresado a través de su cuenta de Twitter su rechazo a la ley por considerar que supone una «derrota» para el país y una «victoria para la banca». Para la diputada Lira Vallalba, también contraria al proyecto de ley, este supone una «farsa».
Son muchos los diputados que han coincidido en que la ley beneficiará a la banca y facilitará la fuga de capital, al tiempo que allanará el camino para una mayor privatización del Banco Central de Ecuador.
El texto plantea implementar un sistema de cuatro balances para el Banco Central con el objetivo de «alinear el trabajo del banco a estándares técnicos internacionales».
Asimismo, propone la creación de dos juntas: una monetaria y otra financiera, en las que se tomarán decisiones sobre, por ejemplo, la fijación de tasas de interés máximo para créditos bancarios. Actualmente, existe una sola junta.
El texto también prohíbe que el Banco Central utilice sus reservas internacionales para inyectar recursos al gobierno central o los gobiernos autónomos y de esta forma fortalecer la dolarización y garantiza que el Central respalde los recursos de terceros mediante las reservas internacionales.
Sin embargo, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, se ha pronunciado sobre la aprobación de la ley y ha aseverado que se «ha dado un paso muy importante y fundamental para defender la estabilidad económica y la dolarización».
