En el documento, denuncian que «la mayor brecha, además del acceso a las vacunas, en esta desigualdad entre países, ha sido el nivel de acceso a financiación suficiente, justa y barata, para su uso en las extraordinarias necesidades de gasto que esta pandemia ha requerido».
Así, aunque celebran que el G20 y el Club de París «actuaron pronto y acordaron una histórica Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda para los 73 países más pobres del planeta», «hasta la fecha no se han adoptado medidas análogas a favor del grupo mayor de países de renta media, hogar de más de 5.000 millones de personas y casi dos tercios de todos los pobres del planeta».
Esto ha dejado a los países de renta media, entre los que figuran buena parte de los iberoamericanos, a merced de los mercados de deuda internacional donde si han conseguido fondos ha sido «a tasas de interés mayores que los países más ricos».
Teniendo en cuenta que estos países se enfrentan a mayores déficits estructurales, «esto ha reducido el espacio fiscal con el que han enfrentado la crisis» y por tanto «los países más avanzados han gastado entre seis y cuatro veces más que los países emergentes durante esta pandemia», lamentan.
AUMENTO DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD
La falta de financiación «se ha traducido en redes de seguridad más vulnerables, menores ayudas a los y las trabajadoras y las empresas, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), mayor inseguridad alimentaria y, en suma, mayores índices de pobreza y desigualdad en regiones emergentes como la nuestra», denuncian los líderes iberoamericanos.
Además, «este acceso desigual al financiamiento ha afectado también la capacidad de los países de garantizar suficientes vacunas a sus países y a precios asequibles, lo que implica una recuperación dispar que incrementará aún más la desigualdad entre países», habida cuenta de que «algunos países de América Latina enfrentan ahora niveles de pobreza extrema no vistos desde la década de los 90».
«Una recuperación que no incluya los países emergentes y de renta media no merece el nombre de recuperación», advierte el comunicado, incidiendo en que «sin mayor apoyo multilateral para una financiación justa, el mundo arriesga dejar atrás a más de cuatro quintos de la humanidad».
INICIATIVAS CONCRETAS
Por todo ello, expresan su apoyo a «una revisión y flexibilización de los criterios de elegibilidad y condiciones financieras en las instituciones financieras internacionales que permitan tratos adecuados y que fomenten el desarrollo a largo plazo partiendo de la necesidad de que exista sostenibilidad de la deuda de los países».
También propugnan «estudiar y promover la adopción de un nuevo marco o estándar multilateral de valoración de riesgos financieros y macroeconómicos que incorpore la particularidad de la situación de la COVID-19 y las medidas de respuesta, al que puedan adherirse las agencias calificadoras, para evitar que las rebajas de la calificación crediticia generen un efecto pro-cíclico suponiendo un agravamiento adicional de la situación».
Asimismo, expresan su apoyo a la «la nueva asignación general de Derechos Especiales de Giro en el FMI», que consideran que «será muy beneficioso para todos los países, en particular a aquellos que sufren restricciones de liquidez en el marco de la pandemia».
Igualmente, defienden promover en el FMI «el desarrollo de un instrumento financiero para apoyar a los países en desarrollo, incluyendo los países de renta media, haciendo uso de la disponibilidad financiera generada por la asignación de Derechos Especiales de Giro, en la recuperación y respuesta al Covid-19 y en las inversiones que necesitan para promover un desarrollo inclusivo y sostenible».
Por último, apuestan por una «revisión de las sobretasas del FMI para evitar los efectos regresivos y procíclicos, que afectan especialmente a algunos de los países de ingreso medio cuando más necesitan del apoyo financiero del organismo».
En su intervención durante el pleno, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, se ha referido a este comunicado, resaltando su importancia, así como otro promovido por Bolivia.
Según ha sostenido, gracias al trabajo realizado uniendo sus voces a las de otros organismos como la ONU se está cerca de la aprobación y emisión de 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro «que probablemente se harán efectivos entre agosto y septiembre de este año».
Grynspan estima que en base a ese trabajo conjunto llevado a cabo America Latina podría conseguir 68 billones de dólares, que suponen un 1,25% de la región y que permitirían a los países miembros poder vacunar a toda su población «incluso con la vacuna más cara».
