El Ministerio Público boliviano ha solicitado este domingo prisión preventiva durante seis meses para la expresidenta boliviana Jeanine Áñez y para sus ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, acusados por delitos de sedición, conspiración y terrorismo por asumir el poder tras la marcha del país del presidente Evo Morales tras perder el apoyo de Policía y Ejército en noviembre de 2019.
En concreto, señala que el 10 de noviembre el líder cívico Fernando Camacho presentó en la sede presidencial una carta «en la que recomienda la renuncia del presidente Evo Morales». A esta petición se sumó el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, quien junto a otros «deliberaron» y le pidieron a Morales que renunciara a su mandato presidencial para facilitar la pacificación del país, según recoge la prensa boliviana.
«La Fuerza Armada no delibera, no realiza acción política (…). Se concretiza un golpe de Estado, toda vez que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen armamento letal y deciden obedecer a una persona que no tenía facultad jurídica (…). Por todos los actos sediciosos y terroristas, el 10 de noviembre de 2019 el expresidente Evo Morales, con el riesgo eminente de perder la vida y velando por el pueblo boliviano, para no ser masacrados y humillados sus ministros, alcaldes y otros, renuncia a la Presidencia, junto al vicepresidente Álvaro García Linera, mandato que debían cumplir hasta 2020», explica la Fiscalía.
Tras la renuncia de Morales, Áñez y sus allegados habrían obligado a renunciar a Adriana Salvatierra, que ocupaba el cargo de presidenta de la Cámara de Senadores, y a Víctor Borda, quien era presidente de la Cámara de Diputados, con el fin de que Áñez asumiera la presidencia de Bolivia. La Fiscalía considera que «de esta manera posibilitaron que (Áñez) asumiera la Presidencia (…) de una forma amañada».
El caso tiene su origen en una denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por presunta sedición contra ocho exautoridades policiales y militares por la muerte de manifestantes tras asumir Áñez la Presidencia.
La Fiscalía menciona a Camacho como uno de los principales impulsores de hechos ilegales como la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que impidieron el recuento oficial de votos.
«Estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados (…). Las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar», explica el pliego de cargos ampliado.
«Los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Áñez», quien junto a sus colaboradores «han promovido, creado, dirigido, formado parte y prestado apoyo por organizaciones denominadas ‘autoconvocados por Camacho’ destinada al quebrantamiento del orden constitucional con la ayuda y apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana», señala.
En cuanto a la justificación de la prisión preventiva, en el caso de Áñez, el Ministerio Fiscal explica que ésta «se encontraba realizando actos preparatorios de fuga» en el momento de su detención y recuerda que tanto Áñez como los dos ministros detenidos han visitado en los últimos meses Perú, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Panamá, Paraguay y España.
JUICIO DE PRIVILEGIO
Mientras, la propia Áñez ha podido hacer declaraciones desde una ventanilla de la celda donde se encuentra reetnida y ha defendido que debe tener un «juicio de privilegio», lo que impediría la prisión cautelar.
«Es absolutamente arbitraria, ya lo he manifestado porque es pretender criminalizar el hecho que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado. Es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez», ha apuntado, según recoge la prensa boliviana.
«Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales y tendría que ser acusada en un caso de Corte, pero acá no tiene ninguna validez el estado de derecho y esto lamentamos tantísimo», ha añadido. Áñez ha asegurado tener «todo el apoyo del pueblo y de todos quienes creen en la democracia», menos de Evo Morales porque «él desprecia la democracia».
Tras la detención de Áñez, el líder opositor boliviano Carlos Mesa ha denunciado que el MAS pretende usar un «inexistente golpe de Estado» para perseguir y «descabezar» a la oposición. El Gobierno pretende «infundir terror» manipulando la justicia, la Fiscalía y la Policía, ha advertido.
Mesa ha remitido una carta denunciando los hechos al secretario general de la ONU, António Guterres; a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet; al Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell; al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, y al secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Jaime Vidal.
En la misiva, Mesa asegura que el MAS ha montado la figura jurídica del «golpe de Estado» por los hechos de 2019 y que, en ese marco, se ha detenido ilegalmente a la expresidenta Áñez. En contraste, el MAS aprobó una amnistía para Evo Morales y sus colaboradores desde el día de las elecciones anuladas de 2019 hasta el comienzo del mandato del presidente Luis Arce, del MAS, en noviembre de 2020. «El país enfrenta el riesgo de seguir el camino del régimen dictatorial de Venezuela», ha advertido.
Por su parte, el líder cívico Fernando Camacho ha apuntado que «no hay motivo para festejar» su elección como gobernador del departamento de Santa Cruz porque «está dándose una persecución en todo el país hacia aquellos que estuvieron luchando por la democracia y la libertad».
Precisamente el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, ha criticado en su homilía dominical el «ánimo de revancha» del Gobierno que «pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron al voto ciudadano y a la democracia (…) mientras los autores del fraude electoral se muestran como víctimas».
Ante estas detenciones, una treintena de personas de Beni y Cochabamba se han refugiado en el Comité Cívico Pro Santa Cruz por miedo a futuros arrestos. «Santa Cruz siempre ha sido punta de lanza y ahora los hermanos de los otros departamentos están buscando la ayuda cruceña para venir a refugiarse a nuestro Comité Cívico por el amedrentamiento del Gobierno», ha explicado la encargada del comité para atender a los «refugiados», Paola Cuéllar, según recoge el diario ‘El Deber’.
MORALES DEFIENDE EL «DEBIDO PROCESO»
También ha reaccionado a la detención el expresidente Evo Morales, que ha pedido que se respete el debido proceso en la investigación. La detención significa que «por fin llegará la justicia, aunque tarde». «Esperemos que la justicia haga un acto de justicia con las víctimas de tanta injusticia en Bolivia», ha apuntado.
«Solo pedirles que haya un debido proceso, todos tienen derecho a la defensa, pero también tienen que demostrar que son inocentes, como tratan de mostrar los medios de comunicación», ha afirmado en declaraciones a la radio Kawsachun Coca.
Morales ha señalado que las investigaciones internacionales han demostrado que no hubo fraude electoral en 2019 y sí golpe de Estado. «A más de un año del golpe no se ha podido demostrar el supuesto fraude y la mejor prueba es el resultado del 18 de octubre año pasado, cuando ganó nuevamente el MAS», ha argumentado.
